La contratación de servicios de vigilancia privada en conjuntos residenciales de Colombia podría experimentar cambios importantes en materia tarifaria, luego de que el Gobierno Nacional presentara una propuesta orientada a reducir los costos que actualmente asumen algunos usuarios de este servicio.
La iniciativa contempla modificaciones al Decreto 1070 de 2015 con el propósito de establecer tarifas diferenciales para determinados sectores. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran los conjuntos residenciales, las instituciones educativas, las pequeñas empresas y algunas entidades públicas ubicadas en municipios y departamentos con menores capacidades fiscales.
De acuerdo con el proyecto normativo, la medida busca generar un alivio económico para quienes requieren servicios de vigilancia privada, al tiempo que promueve la formalidad dentro del sector. La propuesta plantea una reducción en la tarifa aplicable a ciertos usuarios, pasando de los actuales 9,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 8,98 salarios mínimos mensuales.
Según lo expuesto en el documento, uno de los objetivos centrales de esta modificación es disminuir la presión financiera sobre los contratantes sin afectar las condiciones laborales del personal de seguridad. Asimismo, se pretende reducir el riesgo de que algunos usuarios recurran a prestadores informales que operan por fuera de los estándares exigidos por la regulación vigente.
¿A qué conjuntos residenciales les aplicará este beneficio?
En el caso específico de los conjuntos residenciales, el beneficio estaría dirigido a aquellos clasificados en los estratos 1, 2 y 3. Para estas propiedades, la propuesta elimina la obligación de incluir dentro de la tarifa un componente asociado a los costos de administración y supervisión.
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No obstante, el proyecto establece que dicho valor podrá ser definido libremente entre las partes durante el proceso de negociación contractual. Esto significa que las empresas de vigilancia y los contratantes tendrán la posibilidad de acordar condiciones particulares de acuerdo con las características y necesidades de cada servicio.
La propuesta también introduce una nueva metodología para calcular las tarifas de vigilancia privada. Bajo este esquema, la estructura de costos quedaría dividida en tres componentes principales. El primero corresponde a los costos directos, que incluyen salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales derivadas de la contratación del personal operativo.
El segundo componente contempla los costos indirectos relacionados con actividades administrativas, procesos de supervisión y gastos de apoyo necesarios para la prestación del servicio. Finalmente, se incorpora el valor correspondiente al seguro de vida obligatorio que deben tener los trabajadores del sector.
