El Consejo Gremial Nacional le pidió a la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente, antes del primero de abril, el decreto ley que creó el impuesto al patrimonio para las empresas con patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones.
El impuesto surgió como medida del “frente frío” que afectaron gravemente a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, causando inundaciones masivas, daños en infraestructura y afectación a más de 250.000 personas.
¿Qué establece el decreto al patrimonio?
Crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con el fin de financiar los gastos de la emergencia. Los puntos clave son:
- Sujetos pasivos: Personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.475 millones) al 1 de marzo de 2026.
- Tarifas: 0,50% en general; 1,6 % para instituciones financieras, aseguradoras y empresas extractivas (carbón, petróleo).
- Pago: En dos cuotas iguales del 50 % en abril y mayo de 2026, ante la DIAN.
- Destino: Exclusivamente para atender los gastos derivados de la emergencia.
Los argumentos del Consejo Gremial
El gremio argumenta que el decreto es inconstitucional porque el Gobierno usó un estado de excepción para imponer un tributo sin pasar por el Congreso, vulnerando principios como la legalidad, la equidad y la no confiscatoriedad.
Además, sostiene que no se cumplen los requisitos exigidos para este tipo de medidas (idoneidad, necesidad, proporcionalidad), ya que existen alternativas ordinarias para financiar el gasto público y la emergencia no se basa en hechos realmente extraordinarios.
El documento también advierte que el impuesto tiene efectos inmediatos —con pagos desde abril de 2026— que podrían causar daños irreversibles a las empresas, como reducción de inversión, endeudamiento y afectación del empleo.
Finalmente, señala que el decreto genera problemas como doble tributación, retroactividad sobre patrimonios ya consolidados y cargas desproporcionadas sobre ciertos sectores, lo que refuerza la necesidad de suspenderlo mientras la Corte toma una decisión de fondo.
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