La Contraloría General abrió una nueva indagación preliminar en el caso que adelanta el ente de control por los recursos utilizados en el proceso de renovación de la Refinería de Cartagena, que costó más de $20 billones.
El primer caso abierto por la Contraloría tiene que ver con un proceso de responsabilidad fiscal por US$2.433 millones contra 20 personas entre las que estaban Javier Genaro Gutiérrez, el expresidente de Ecopetrol, pero también Pedro Alonso Rosales Navarro, exvicepresidente ejecutivo de la matriz de Ecopetrol, Hernando José Gómez, quien fue director del Departamento Nacional de Planeación y los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reynoso Yanes.
Este proceso se abrió por los gastos mayores invertidos en la refinería. Pero luego se conoció otro proceso de responsabilidad fiscal por US$1.936 millones en la categoría de lucro cesante. Es decir, el daño patrimonial causado por las utilidades que se dejaron de percibir, teniendo en cuenta un retraso de 23 meses en las obras.
Ahora se trata de una nueva indagación por US$500 millones en las inversiones del Capex. Este es el término que se utiliza para referirse a la capitalización en activos o a las inversiones en la mejora de esos mismos activos como máquinas u otros bienes necesarios para hacer la operación más eficiente.
Hasta ahora, los implicados en las investigaciones de la Contraloría son todos los actores que tuvieron un papel fundamental en la renovación. Se trata de CBI Américas LTD, Chicago Bridge & Iron Company, UK Limited, CBI Colombiana SA, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants INC.
Desde la apertura del primer proceso de responsabilidad fiscal el 10 de marzo de 2017, hubo 11 acciones judiciales presentadas por los abogados de los implicados, entre recusasciones al contralor delegado y al contralor general, solicitudes de nulidades al proceso, así como pedidos de aclaraciones en la imputación de responsabilidad que han dilatado la investigación y la conclusión de los hechos.
Una de las últimas acciones presentadas fue una tutela que buscaba detener las facultades de la Contraloría para investigar, pero el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la institución en la forma y el fondo y le entregó plenas facultades para continuar con el proceso.
En este momento la Contraloría se encuentra en la etapa de decretar las pruebas y la investigación de la nueva indagación.
(Tomado de LaFM)
