La Contraloría General de la República (CGR) emitió un documento de análisis sobre la reforma pensional en Colombia.
Dentro del mismo reportó varias alertas que tendría el proyecto de ley que pretende modificar el sistema pensional del país.
Una de las alertas está enfocada en que la reforma propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro no responde completamente a las problemáticas del sistema.
“Si se llegase a aprobar la reforma tal cual como está planteada significa que Colpensiones estaría pasando aproximadamente de 6,7 millones de afiliados a 18 millones nuevos de afiliados en la medida en la que aquellos colombianos que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos estarían haciendo sus cotizaciones y ahorro pensional en esta entidad pública”, dijo Carlos Mario Zuluaga, contralor general en Funciones.
Una de las grandes preocupaciones para la entidad es un posible colapso en las solicitudes que presenten los colombianos a Colpensiones.
“Esto produciría un colapso administrativo en la medida en la que las cifras revisadas por la Contraloría, Colpensiones entre septiembre del 2022 y septiembre del 2023 recibió más de 361.000 solicitudes que requieren revisar historias laborales o necesitan ajustes pensionales y esta situación sin reforma ha hecho que Colpensiones tenga graves retrasos en las aclaraciones que presentan los colombianos y hacen que se puedan alterar los tiempos de atención oportuna para la misma”, señaló el contralor.
Más alertas por reforma pensional
Dentro del análisis que presentó la entidad sobre la reforma pensional de Colombia se destacó que el proyecto de ley no soluciona los problemas que se encuentran actualmente en el sistema.
Además, destacó que el proyecto de ley no ataca el tema de subsidios mal asignados y que el umbral de cotización en pensiones no está bien especificado.
“En cuanto a la equidad, tal como está diseñada la propuesta, con el umbral de 3 SMLMV disminuirán los subsidios estatales a los altos salarios, pero al traer a todos los afiliados del RAIS que ganen hasta 3 SMLMV (cerca del 90 % de sus afiliados) al RPM se siguen erogando recursos importantes por parte del Estado a un amplio número de ciudadanos que serán subsidiados, independientemente de su nivel salarial, es decir, todos los trabajadores se beneficiarían del mismo subsidio”, advirtió el informe.
Dentro de lo que llama la atención de la entidad es que se establece que cada afiliado estaría asumiendo un riesgo dependiendo del umbral que quede aprobado en el legislativo.
“Definir un mayor o menor umbral establecerá la cantidad de recursos cotizados sobre los cuales el afiliado va a estar asumiendo su propio riesgo en la formación del ahorro y en este sentido en el sostenimiento con recursos propios del pago de las pensiones y en la definición de su mesada pensional”, dijo la CGR.
Con esto, señaló que definir el umbral tiene implicaciones en las condiciones con las que el Estado asume la financiación del sistema de las pensiones, condición en la cual es necesario tener en cuenta el efecto de estas medidas sobre los afiliados.
De otro lado, aseguró que, en esta reforma pensional, junto con la reforma laboral, no hay políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones.
“En 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %, lo que marca la brecha entre la discusión por los derechos y la materialización de estos en la realidad nacional”, dijo la entidad.
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Los costos fiscales de la reforma es otra de las alertas que ha mencionado la entidad.
“Es el referente a los costos fiscales y tiempos necesarios para la extinción de los derechos pensionales que se otorgan bajo los regímenes de transición, para que en la propuesta de reforma pensional se balanceen adecuadamente las condiciones a estipular en la norma, para que, sin vulnerar derechos, tampoco se amplíen exageradamente los rangos de protección”, agregó.
Otras inquietudes giran alrededor de temas como la financiación del seguro y la continuidad de las rentas vitalicias como mecanismo de desacumulación tanto para los riesgos de vejez, como para los de invalidez y sobrevivencia.
El documento indica que esto podría generar un mayor costo fiscal debido a la transferencia de recursos públicos y, además tiene incidencia sobre la proporción de recursos destinados al pago de las pensiones.
Otra alerta señala que la propuesta de reducir semanas de cotización al cuidado de madres también debería estar aplicada a los hombres que realizan esta labor.
“La disposición propuesta de reducir de 50 semanas por cada hijo hasta llegar a 1.150 semanas, puede dar pie para seguir profundizando en los imaginarios donde la mayor carga de cuidado debe corresponder a ellas, lo cual es evidente estadísticamente en el país, ante lo cual debería darse el debate para lograr incluir a aquellos hombres que, aunque son minoría, también ejercen tareas de cuidado y con esto empezar a “desencasillar” de estas tareas al género femenino, acogiendo otros conceptos como la jefatura del hogar, sin asociarse per se a su género”, se resaltó en otro aparte.
Además, mencionó que Colpensiones manifestó desconocer el nivel de ajustes organizacionales que requerirá, pues estará sujeta al modelo de operación que establezca la reforma, lo cual resulta lógico en un marco de incertidumbre frente a su trámite.
“Esto puede generar retrasos para su puesta en marcha y el propio direccionamiento de la entidad, por lo que se hace indispensable revisar los plazos para ejecutar los cambios propuestos para la entidad”, aclaró la CGR.
¿Qué debería tener la reforma pensional de Colombia?
Dentro de las conclusiones que emitió la Contraloría se destacan diferentes recomendaciones para la reforma pensional.
Lo primero es revisar el nivel de gasto público y los beneficios que se otorgarían para dos pilares como el solidario y el semicontributivo.
Por otro lado, también hizo hincapié en que se deberán estudiar las propuestas como la que suma de las semanas para alcanzar el beneficio de la pensión y la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, la gobernanza como en el manejo del portafolio de inversiones de los recursos que se llevarían al mismo.
Resaltó que con lo anterior no se mejoraría en Colombia la cobertura del componente contributivo del Sistema General de Participaciones, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, y aunque la amplía principalmente a través del pilar solidario, este se desmarca del esquema pensional propiamente dicho.
“Puede originar nuevas inequidades e incentivos perversos como, por ejemplo, en el valor de los subsidios del pilar solidario y el de la renta vitalicia del pilar semicontributivo. Y, por último, existe controversia en cuanto a la medición de sus efectos fiscales y su sostenibilidad de largo plazo, en especial la de su pilar contributivo”, señala el informe.
Y solicita que el Gobierno Petro brinde claridad sobre si se cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en el Marco Fiscal en aras de una mayor transparencia que facilite consensos en la actual discusión de la reforma, advirtiendo el impacto real sobre las futuras generaciones del país.
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