El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 presenta una alta dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, lo cual introduce riesgos fiscales y presupuestales, según las observaciones preliminares de la Contraloría General de la República.
En un comunicado, la entidad detalló que la propuesta del Gobierno deja un desbalance o desequilibrio implícito de $26,3 billones que se espera cubrir con la reforma tributaria a pesar de la incertidumbre frente a su aprobación.
El ente de control también alertó por la sostenibilidad fiscal con el crecimiento del 5,9 % en el gasto de funcionamiento respecto a la cifra de este año hasta los $556,9 billones sin un plan claro de racionalización.
«Aunque la Contraloría General considera que el proyecto se apoya en supuestos de crecimiento económico, de inflación y tasa de cambio, que se pueden considerar moderados, no obstante, hay observaciones en las estimaciones del recaudo tributario», consignó la entidad.
Incluso pidió una aclaración al Ministerio de Hacienda tras identificar contradicciones entre el crecimiento económico proyectado (3 %) y la reducción esperada del recaudo tributario (1,8 %), «pues no es normal que con una economía con tasas de crecimiento positivo en dos años consecutivos el recaudo tributario caiga».
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Respecto a los gastos públicos, refirió que el funcionamiento crece 11,1 %, por encima de la variación nominal del Producto Interno Bruto (6,3 %), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.
«El país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso, y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico y la equidad social», dice el comunicado.
Presupuesto de 2025 muestra baja ejecución
La Contraloría realizó un análisis de la situación fiscal y presupuestal del país a junio de 2025 y manifestó que le preocupa la ejecución del gasto, pues del total presupuestado sólo se ha obligado el 37,7 %, registro inferior en 0,3 puntos porcentuales al del mismo período de 2024.
«Es necesario notar la baja ejecución de los recursos de inversión en 24,2 % faltando un semestre para culminar el año, similar a lo ocurrido en 2024. De persistir esta tendencia en el gasto, se pueden presentar altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales como sucedió en la vigencia pasada, reflejando una falta de eficacia en el gasto público que no se traduce en bienes y servicios públicos tan necesarios para el desarrollo del país», indicó la entidad.
Además, señaló que hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, pues a junio de este año se presenta una desviación de $12,4 billones por debajo del cumplimiento esperado por la DIAN.
El primer semestre del año se acumula un ingreso vía impuestos de $135,4 billones, equivalentes al 44,1 % de la meta anual contenida en el PGN de 2025, a pesar de que las cifras son superiores a las registradas en 2024, con lo cual, según el ente de control, se puede presentar una desfinanciación del gasto que conllevaría a mayores ajustes presupuestales o mayor endeudamiento.
Finalmente, respecto al déficit fiscal recordó que se espera sea del 7,1 % del PIB para 2025, superando los límites de la Regla Fiscal, tras la activación de la cláusula de escape.
La Contraloría indicó que esta decisión refleja la elevada rigidez del gasto público, pero también la falta de un esfuerzo real por contenerlo, pues incluso para 2026 se espera que el déficit fiscal total sea del 6,2 % del PIB.
«Aunque se mejora la gestión de la deuda, no se aprovecha esta oportunidad para reducir el gasto de funcionamiento o recortar ciertas inversiones o rubros no prioritarios. Esto pone en entredicho el compromiso del Gobierno con un verdadero pacto fiscal enfocado en la sostenibilidad a mediano y largo plazo», concluyó.
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