Contraloría detecta manejo irregular de dineros públicos en cementerios distritales; caso irá a Fiscalía

Contraloría de Bogotá declaró responsable fiscal a concesionario de cementerios distritales por detrimento superior a $7.512 millones.

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La Contraloría de Bogotá declaró responsable fiscal al concesionario de cementerios distritales por detrimento superior a $7.512 millones.

Las irregularidades se habrían dado bajo el contrato de concesión 415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., operador de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

La decisión estableció que el concesionario incumplió las obligaciones relacionadas con el manejo y centralización de los recursos provenientes de los servicios funerarios.

Cementerios distritales.
Cementerios distritales. Foto: Contraloría de Bogotá.

¿Qué dijo la investigación de los cementerios distritales?

La investigación determinó que parte de los recursos fueron manejados en cuentas bancarias no autorizadas y mediante recaudos en efectivo que no ingresaron a las cuentas fiduciarias definidas en el contrato para la administración de los dineros públicos.

De acuerdo con el proceso fiscal, el 37,57 % del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin que esos recursos fueran trasladados a las cuentas fiduciarias oficiales.

“El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, afirmó Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá.

El fallo también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes sobre los hechos identificados dentro del proceso. 

La UAESP informó que actualmente adelanta las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas necesarias para el cierre y liquidación del contrato anterior, así como las acciones correspondientes orientadas a garantizar la adecuada defensa de los intereses del Distrito, la continuidad en la prestación de los servicios funerarios y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control institucional sobre la operación de los cementerios distritales.