En su labor como entidades territoriales, encargadas por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible del país, las corporaciones autónomas regionales lideran en sus actividades diarias labores de suma importancia como articuladores del sector privado y las comunidades donde se pretenden instalar proyectos productivos, en armonía con el ambiente.
Así lo explicó a Valora Analitik, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia, corporación que tiene jurisdicción en estos temas en 80 municipios del departamento y que alcanzan una cobertura territorial de cerca de 36.000 km2, razón por la que sus decisiones son de gran relevancia pues impactan a más de 3 millones de habitantes que viven en estas zonas.
Mora indicó que “entrelazamos las labores institucionales con la administración de los recursos naturales y el patrimonio ambiental, controlando la demanda en áreas protegidas, biodiversidad, regulación hídrica o manejo de residuos sólidos, entre otras actividades. Pero nuestra labor va más allá y articula la vigilancia sobre el aprovechamiento adecuado de estos recursos y su impacto social con las comunidades”.
Entre las principales acciones que adelanta Corantioquia este año se encuentra la realización y fortalecimiento de mesas sectoriales en áreas como agricultura, minería y textil-confecciones, entre otras, con lo que se busca hallar alternativas a las necesidades específicas de cada sector en favor de hechos como la producción limpia, la eficiencia en la utilización de recursos, la cercanía en temas consultivos y la socialización de estrategias corporativas exitosas.
Con ello se busca evitar reprocesos y retrasos, al tener mayor claridad sobre los requerimientos de cada sector.
De las cerca de 100 licencias y trámites sobre los que esta autoridad deberá decidir en Antioquia durante el transcurso de 2019, 58% pertenecen al sector de minería, 15% a pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), 2% a residuos, 2% a obras viales, 1% a líneas de transmisión y 1% a sustancias peligrosas, mientras que el restante 19% contempla las autorizaciones para ladrilleras y otros proyectos objetos de licencias.
El grueso de los trámites pendientes está asociado con los sectores de minería y generación de energía, “pero siempre estamos listos y dispuestos a trabajar de manera conjunta con todo tipo de compañías, como ha pasado con el área textil o los constructores que nos han traído muchas propuestas innovadoras”, indicó Mora.
Bajo este panorama de múltiples autorizaciones por resolver, Corantioquia es una de las corporaciones autónomas que mayor análisis y focalización realiza al momento de aprobar licencias debido a la diversidad de proyectos productivos en el departamento y las diferencias socioculturales que tienen los municipios en los cuales posee jurisdicción.
“Hay muchas subregiones con dinámicas muy distintas como el Suroeste, más arraigada al agro; el Bajo Cauca y Nordeste, más fuertes en minería y extracción, pero también con problemas de tala de bosques al igual que un municipio del Magdalena Medio como Yondó con esta problemática, pero que reúnen a la vez todas las complejidades y todas las ventajas, muy ricas en producción de minerales y agro, lo que hace que Antioquia sea un departamento muy diverso, pero debemos interpretar cada subregión con sus necesidades y esto nos exige una innovación permanente”, aseveró.
Los retos de las corporaciones autónomas
De cara al futuro, bajo su visión, está entre los principales retos que tienen las corporaciones autónomas en el país el recuperar confianza en los diversos sectores económicos y la ciudadanía, pues “esta, especialmente, desconfía frente a lo público, lo cual es un reto muy importante, que vean, por ejemplo, en Corantioquia, la generación de transparencia con información cada vez más abierta al público pues nos debemos al ciudadano y esto es una apuesta muy importante para nosotros”.
Mora concluyó con que uno de los principales objetivos de las corporaciones autónomas hoy en día, más allá de ser vistas como entidades que sancionan, se debe enfocar a “la prevención, que haya menos quejas o procesos sancionatorios y que se potencien los acuerdos de voluntades que sostienen acciones conjuntas por el mejoramiento de los ecosistemas. Ese sería un escenario ideal”.
Así mismo, su rol debe ser claro en pujas entre las comunidades y empresas respecto a la explotación de recursos en diversos municipios donde actualmente hay polémicas como Jericó o Caldas, “pues la norma indica qué hacer y buscamos que esto sea claro. Si se presenta una solicitud que cumple con todas las condiciones y se demuestra que puede haber afectaciones, pero estas se pueden compensar o mitigar, si cumplen con ello, se deberá autorizar. La comunidad debe entender las competencias de cada entidad o autoridad municipal y las empresas deben demostrar que hacen bien las cosas”.
La directora de Corantioquia puntualizó que hoy en día “lo ambiental no tiene fronteras o límites geográficos, sino que hay que pensar más en los ecosistemas por el bien de todos”.
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