El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, presentó el proyecto de fallo como respuesta a dos demandas interpuestas contra varios artículos de la reforma.
Estas acciones judiciales fueron promovidas por distintos sectores ciudadanos y académicos, quienes cuestionan elementos centrales de la nueva normativa, particularmente aquellos vinculados con el modelo de pilares, los mecanismos de transición y la posible afectación a derechos adquiridos.
Los demandantes alegan que algunas disposiciones contenidas en la ley podrían contradecir principios constitucionales fundamentales, como el de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la sostenibilidad fiscal. Señalan, además, que el trámite legislativo no cumplió en su totalidad con lo establecido por la Constitución en materia de deliberación parlamentaria.
Uno de los argumentos centrales según lo señalado por la senadora Paloma Valencia en declaraciones a Valora Analitik, «la ley exige que todo proyecto tenga cuatro debates en el Congreso, y en este caso solo hubo tres. Esto es gravísimo, porque los congresistas somos elegidos para representar a los colombianos, proponer modificaciones y enriquecer los proyectos de ley».
La congresista afirmó que no se permitió introducir modificaciones al texto aprobado por el Senado ni reabrir el debate, lo que, a su juicio, constituye un “vicio de trámite grave”. Este señalamiento es considerado relevante por quienes cuestionan la validez del proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma.
Recomendado: ¿Presunta corrupción en el Congreso podría darle la estocada final a la reforma pensional?
El documento elaborado por el magistrado Ibáñez será discutido en sala plena en el transcurso de las próximas dos semanas, en una sesión que podría resultar decisiva para el futuro de la normativa. La Corte deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de diversos aspectos del texto, en especial sobre el modelo de pilares, el cual introduce una redistribución entre el régimen público y el privado. Esta propuesta tiene implicaciones directas sobre la administración de los recursos pensionales, así como sobre la cobertura del sistema.
La reforma propone que el componente público tenga mayor protagonismo en la recolección y distribución de los aportes, mientras que el sector privado mantendría un papel complementario. Este rediseño ha generado debates sobre su viabilidad financiera y sobre los efectos que podría tener para los actuales y futuros pensionados.
De acuerdo con el cronograma previsto por la Sala Plena se espera que la decisión sea emitida antes del próximo 1 de julio, fecha en la que está programada la entrada en vigor de la reforma. El fallo de la Corte será definitivo y tendrá efectos vinculantes para todos los actores del sistema, incluidas las entidades responsables de su implementación.
