La Procuraduría General de la Nación convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones de Colombia.
La minería ilegal, según el ente de control, estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.
Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, la Procuraduría convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional.
La idea de la entidad es que se facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.
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La Procuraduría precisó que la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.
La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducción y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos.
Adicionalmente, contribuyendo a frenar la deforestación en el país generada por esta actividad ilegal.
