La discusión sobre un arancel del 0 % en Colombia vuelve a poner en alerta al campo. Aunque la medida que estudia el Gobierno de Gustavo Petro busca aliviar costos para la industria, detrás de esa decisión se esconde un efecto que podría cambiar el mapa agrícola del país y poner en riesgo la permanencia de un cultivo que aún sobrevive en regiones específicas.
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El debate ya escaló a nivel técnico. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) advirtió que la propuesta de eliminar el arancel para la cebada destinada a malteado —clave para la industria cervecera— no solo impactaría precios, sino que podría terminar desincentivando su producción hasta llevarla a desaparecer en Colombia.
La cebada, el cultivo en la mira del arancel del Gobierno Petro
El cultivo en cuestión es la cebada, un cereal con baja participación en el consumo nacional, pero con un peso estratégico en determinadas regiones del país. La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro apunta a establecer un arancel del 0 % para su importación cuando se destine a la producción de malta y cerveza.
Fenalce advierte que esta decisión tendría un impacto directo sobre los productores locales, concentrados principalmente en Boyacá, Nariño y Cundinamarca, donde este cultivo representa una fuente de ingreso y estabilidad rural.
“Como federación que representa a los agricultores de cereales del país, Fenalce reconoce la importancia de garantizar el abastecimiento oportuno y competitivo de materias primas para la industria agroalimentaria. No obstante, también considera fundamental que las decisiones de política comercial y arancelaria incorporen una visión integral”, señaló Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general del gremio.
Los números muestran una realidad compleja. En 2025, la producción nacional de cebada alcanzó 10.238 toneladas, con un rendimiento de 2,25 toneladas por hectárea y un área cultivada de 4.547 hectáreas.
A pesar de estas cifras, el cereal cumple un papel relevante en el sistema productivo. No solo genera empleo directo e indirecto, sino que forma parte de esquemas de diversificación agrícola, clave para reducir riesgos, mejorar suelos y evitar la concentración en monocultivos.
“La cebada, aunque actualmente representa una proporción reducida del consumo nacional aparente, constituye una actividad productiva estratégica para determinadas regiones del país”, agregó Trujillo.
El principal riesgo está en la competencia con el producto importado. Hoy, incluso con un arancel vigente del 15 %, la cebada importada ya compite directamente con la nacional y, en muchos casos, logra ubicarse a un menor precio en el mercado interno.
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De acuerdo con el análisis técnico del gremio, durante 2024 y varios meses de 2025, el precio del producto importado fue inferior al nacional, lo que evidencia que la presión competitiva ya es estructural. Eliminar el arancel ampliaría esa brecha, haciendo aún menos rentable la producción local.
“Un diferimiento arancelario permanente al 0 % incrementaría el riesgo de desincentivo a la producción nacional, profundizaría la dependencia externa y debilitaría la sostenibilidad económica de los productores”, advirtió Fenalce.
El efecto económico es claro: si el precio del producto importado desplaza al nacional, los agricultores reducen la siembra o abandonan el cultivo. Ese escenario ya muestra señales. En 2025, la producción de cebada cayó 2 %, aunque el área sembrada creció 21 %, lo que refleja tensiones en productividad y rentabilidad.
Para el gremio, una desgravación total aceleraría ese proceso, llevando a la pérdida de capacidades productivas que, una vez desaparecen, son difíciles de recuperar.
El debate también tiene implicaciones estratégicas. Colombia depende casi totalmente de la cebada importada: en 2025, el 97,2 % del consumo fue cubierto con producto externo, mientras que solo el 2,8 % provino de producción nacional.
Fenalce advierte que profundizar esa dependencia puede aumentar la vulnerabilidad del país frente a crisis logísticas, variaciones del tipo de cambio o choques internacionales.
“La alta concentración de proveedores externos incrementa la vulnerabilidad ante crisis logísticas, restricciones comerciales o eventos climáticos en países exportadores”, señala el análisis de Fenalce.
“El Estado colombiano no se encuentra compelido por norma constitucional ni por tratado internacional a establecer un arancel permanente del 0 % para la cebada destinada a malteado”, indica el documento técnico.
Por el contrario, la Constitución establece que la producción de alimentos debe recibir protección especial, lo que permite mantener instrumentos como aranceles para equilibrar el mercado.
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La decisión que tome el Gobierno Petro no solo impactará a la industria cervecera o a los precios de insumos. El verdadero efecto se verá en el campo: en la permanencia o desaparición de un cultivo que, aunque pequeño en volumen, es clave para ciertas regiones.
