Dos meses después de su posesión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a mover en el Congreso las iniciativas con las que quiere marcar su primera legislatura.
La primera propuesta de gran calado en llegar fue la ley de sometimiento de grupos armados organizados, radicada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, e Interior, Rodrigo Lara.
A ella se sumó la reforma “antimermelada”, que el ministro Lara radicó para fijar nuevas reglas a las gestiones de los congresistas ante el Ejecutivo. Falta el tercer pilar, el estatuto antiterrorista.
Las dos iniciativas de seguridad se presentan como un paquete. La ley de sometimiento es una de las dos piezas de la política de seguridad del Gobierno; la otra es el estatuto antiterrorista.
La Ley de sometimiento será estudiada con prioridad en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Según el Ministerio de Justicia, descarta el reconocimiento político y las mesas de diálogo con estos grupos, mantiene las extradiciones y ofrece rebajas de pena a cambio de verdad contrastable, reparación a las víctimas y entrega de bienes. Cancino habló de una rebaja cercana al 60 %.
El Estatuto Antiterrorista es la iniciativa más controvertida. Fuentes del Gobierno le dijeron a Semana que serán dos normas, una ordinaria y una estatutaria, que deberán pasar por la revisión de la Corte Constitucional.
Según el borrador conocido, el articulado incluye un registro oficial de organizaciones criminales prioritarias, con más de 130 artículos orientados a atacar a las estructuras terroristas y sus finanzas.
Además, congelamiento inmediato de fondos y cuentas de las estructuras incluidas en la lista. También la creación del cargo Alto Comisionado contra el Terrorismo adscrito al Dapre, con periodo fijo de cinco años.
Al ser estatutaria, necesita mayoría absoluta, debe tramitarse en una sola legislatura y pasa por control previo de la Corte Constitucional. El presidente anunció que la radicación sería en la semana del 12 al 18 de octubre.
La oposición ya tomó posición. El senador Alejandro Ocampo teme que el Consejo de Seguridad concentre en el presidente funciones de fiscal y juez, y que una persona pueda ser incluida en la lista por acto administrativo. Iván Cepeda lo llama estatuto “antidemocracia”. Lara responde que solo deben temerlo los miembros de organizaciones terroristas. En el oficialismo hay confianza en que el Gobierno cuenta con las mayorías.
Política: la reforma antimermelada
Es un proyecto de acto legislativo que llega a las comisiones primeras y exige ocho debates en ambas cámaras, en dos vueltas. Modifica los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución.
Sus ejes son registros públicos para consultar los intereses de los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que postulan.
Loss congresistas podrían postular proyectos de inversión para sus regiones, pero no intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados. Nuevas causales de pérdida de investidura.
El Congreso tendría 12 meses tras la promulgación para expedir la ley orgánica que regule los registros.
Otros proyectos son la consulta previa, Lara anunció un proyecto para destrabar los trámites represados: expediente digital único, ventanilla única digital y consulta previa y licencia ambiental en paralelo, no en secuencia. Gremios como AmCham lo respaldaron. La discusión de fondo es cómo agilizar sin recortar derechos de las comunidades étnicas.
Además, el discutido Presupuesto General de 2027 que propone $634,9 billones. Las plenarias lo debatían desde el 13 de octubre, con más de 700 proposiciones, y el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobarlo antes de que se expida por decreto. Además, Hacienda radicó un proyecto para trasladar $3,9 billones del presupuesto vigente: $2,7 billones para el Fondo Milagro, de la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto, y $1,2 billones para el sector energético, entre ellos Air-e y la preparación ante El Niño.
El primer periodo de sesiones ordinarias cierra el 16 de diciembre, así que el Gobierno debe priorizar. Lo más probable es que el presupuesto y la ley de sometimiento avancen primero, mientras el estatuto y el acto legislativo se extienden hasta 2027.
