La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla una reducción del gasto público mediante recortes a los contratos de prestación de servicios, ajustes a la nómina estatal, límites a las compras de bienes y una revisión de los recursos que reciben distintas entidades.
Entre las principales medidas, el proyecto establece una reducción del 50 % en el gasto destinado a contratos de prestación de servicios en 2027 y una disminución del 20 % en los gastos de personal de las entidades del Presupuesto General de la Nación en 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
La iniciativa también busca limitar el crecimiento de los gastos operativos del Estado y trasladar al Tesoro Nacional los excedentes de liquidez que permanezcan sin comprometer en determinados fondos públicos y encargos fiduciarios.
¿Cómo se reduciría el tamaño del Estado?
Según la información presentada con el proyecto, entre 2018 y 2025 estos contratos pasaron de 120.000 a 177.000, mientras que su valor promedio aumentó de $20,2 millones a $41,3 millones.
La reforma plantea reducir en 50 % el gasto en este tipo de contratación durante 2027. Posteriormente, el crecimiento de esos recursos quedaría limitado a la inflación. La iniciativa estima que esta medida permitiría un ahorro promedio anual de 0,19 % del PIB, equivalente a cerca de $9,6 billones, según las proyecciones del proyecto.
En materia de nómina pública, el articulado establece que en 2028 los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación deberán disminuir 20 %, excluyendo a la Fuerza Pública. Para 2029 y 2030, el crecimiento de estos gastos tendría un límite de 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación.
El proyecto también establece que las apropiaciones destinadas a la adquisición de bienes y servicios no podrán aumentar por encima de la inflación entre 2027 y 2030.
En paralelo, se impondrían medidas permanentes de austeridad en los gastos de funcionamiento de las entidades públicas. Estas incluirían restricciones a los viáticos, vehículos, esquemas de seguridad y publicidad oficial, además de la eliminación de eventos y celebraciones considerados no esenciales.
La propuesta contempla prohibir el uso de recursos públicos para promocionar la gestión del Gobierno Nacional, las entidades estatales, los funcionarios, los partidos políticos o los candidatos. La publicidad oficial quedaría restringida a fines estrictamente informativos.
La Ley de Rescate Fiscal también propone revisar más de 250 transferencias públicas para identificar gastos ineficientes, programas duplicados y recursos que puedan reorganizarse. Dentro de este proceso, se contempla racionalizar cerca de 190 transferencias clasificadas como «otras transferencias» en el Presupuesto General de la Nación.
