La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que interpondrá una demanda contra el Decreto 0234 de 2026, al considerar que vulnera la libertad de los trabajadores, la autonomía empresarial y pone en riesgo la estabilidad del sector productivo.
Según Valencia, la norma “prácticamente entrega a los sindicatos el manejo de las empresas”. En esa línea, aseguró que las organizaciones sindicales tendrían acceso a información financiera sensible, incluidos secretos empresariales.
“Van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales”, afirmó. Además, cuestionó que, en su interpretación, todos los trabajadores estarían obligados a pagar cuota sindical y que las empresas quedarían sujetas a acuerdos colectivos por sectores. “Esto va a acabar con el sector productivo. Los sindicatos se van a apoderar de las empresas”, agregó.
¿Qué establece el decreto de los sindicatos?
El Decreto 0234 de 2026 no transfiere funciones de administración a los sindicatos. Su eje central es fortalecer la negociación colectiva a nivel sectorial —por encima del nivel de empresa—, un modelo que existe en varios países de la OCDE como España, Francia y Alemania.
El texto fija reglas de coordinación para este tipo de negociación, aplicables al sector privado y a trabajadores oficiales, con el objetivo de establecer condiciones laborales mínimas comunes por actividad económica.
Uno de los puntos más sensibles es el acceso a información empresarial. El decreto señala que el empleador deberá suministrar información “agregada o anonimizada” sobre su situación económica, únicamente en la medida necesaria para la negociación.
Además, establece salvaguardas: la entrega puede condicionarse a acuerdos de confidencialidad, uso exclusivo para la negociación y restricciones de copia y difusión.
Incluso, permite a las empresas negar total o parcialmente la entrega de información, siempre que lo justifiquen por escrito, especialmente cuando esté en riesgo la protección de secretos estratégicos o datos sensibles.
El debate por la confidencialidad
Para Valencia, estas garantías son insuficientes. “Dicen que se debe pactar un acuerdo de confidencialidad, pero eso no sirve para nada. Los sindicatos podrán usar esa información como quieran, incluso venderla a la competencia. Será muy difícil probar una violación”, sostuvo, advirtiendo un posible uso indebido de los datos.
No obstante, el decreto insiste en que la información debe ser limitada, anonimizada y sujeta a controles estrictos, lo que configura un marco legal para proteger a las empresas en estos procesos.
Alcance de las convenciones sectoriales
Otro punto de controversia es el alcance de las convenciones colectivas sectoriales. Valencia sostiene que “no habrá límites” en las negociaciones y que los sindicatos podrán exigir discutir todos los temas laborales.
Sin embargo, la norma establece que estas negociaciones deben respetar límites legales claros: no pueden incluir cláusulas discriminatorias, vulnerar derechos fundamentales —como la libertad sindical o el fuero sindical— ni desconocer los mínimos establecidos por la ley o por acuerdos de nivel superior.
Un punto de tensión jurídica
Donde sí hay un debate de fondo es en el carácter obligatorio de estas convenciones. El decreto establece que los acuerdos sectoriales aplican a todos los empleadores del sector, lo que reduce el margen de maniobra de cada empresa para negociar condiciones propias.
Aunque se contemplan mecanismos de adaptación para mipymes, una empresa en dificultades financieras podría quedar igualmente sujeta a los estándares del sector. Este es uno de los puntos que podría tener mayor peso en una eventual revisión judicial.
“Esto es un ataque fulminante a las empresas. El Gobierno le entregó el control del sector productivo a los sindicatos”, afirmó Valencia, quien también sugirió que la medida tendría implicaciones electorales y anunció que llevará el decreto ante la justicia.
