La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación con el que busca revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de $3.444 millones impuesta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El extenso documento, de 900 páginas, responde al fallo de más de 1.000 páginas emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia.
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana alegan que la togada incluyó en la lectura del fallo con connotaciones políticas y emotivas impropio de un acto judicial.
¿Cómo se defiende Uribe?
La apelación sostiene que durante la sentencia se hicieron referencias ideológicas y personales sin conexión con el caso, lo que —según la defensa— denota un ánimo reivindicativo contra el acusado. También cuestiona la admisión de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, por considerar que vulneran el secreto profesional amparado por normas nacionales e internacionales.
Otro de los reparos se centra en la valoración probatoria: el equipo jurídico acusa al juzgado de aplicar un doble estándar, privilegiando las pruebas de la Fiscalía y descartando sin justificación las presentadas por la defensa, incluidos testimonios y peritajes clave.
La apelación se suma a otras acciones recientes de la defensa. El 4 de agosto, Uribe intentó frenar su detención domiciliaria mediante una tutela que alegaba violación de derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia.
La Sala Penal del Tribunal rechazó la solicitud de suspender la orden de captura apenas 12 horas después de presentada, y dos días más tarde el exmandatario confirmó en redes sociales que ya se encontraba formalmente privado de la libertad.
El 11 de agosto, el procurador delegado para el caso, Bladimir Cuadro Crespo, respaldó la posición de la defensa al solicitar formalmente al Tribunal Superior que se revoque la condena. Ahora, con la fecha de prescripción del proceso fijada para el 8 de octubre, serán los magistrados de la Sala Penal 19 quienes decidan en segunda instancia si confirman la sentencia o absuelven al líder del Centro Democrático.
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