Las comisiones económicas conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado iniciaron este martes la discusión del Presupuesto para 2027 tras la radicación del articulado por parte del Ministerio de Hacienda la semana pasada, el cual propone al Congreso un monto de $634,95 billones (equivalente al 29,9 % del PIB).
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió ante el Congreso de la República que el Presupuesto General de la Nación para 2027 es apenas el primer paso obligatorio de una senda de ajuste plurianual, aclarando que, por sí solo, este proyecto no resolverá el severo desequilibrio estructural que hoy arrastran las finanzas públicas del país.
En un crudo diagnóstico de la economía, Gómez expuso la inviabilidad de mantener las cuentas bajo el esquema inercial heredado de las administraciones anteriores.
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El titular de la cartera reveló que mientras el ingreso promedio mensual de la Nación es de $29 billones, los gastos mensuales ascienden a $40 billones. Y dijo que esta diferencia de $11 billones al mes ha tenido que ser cubierta mediante un endeudamiento sistemático que hoy pasa factura.
En su intervención, Gómez detalló minuciosamente cómo el déficit fiscal ha terminado por asfixiar al sector privado y deteriorar las bases de la producción nacional.
Por un lado, advirtió que el desmesurado gasto público ha devorado el ahorro del sector privado a través del fenómeno de Crowding Out (efecto desplazamiento). Al emitir masivamente títulos de deuda local (TES) para financiarse, el Estado absorbe el capital que debería apalancar el crecimiento empresarial.
Como consecuencia directa, la tasa de inversión del año 2026 se sitúa como la más baja respecto al PIB desde 1975.
Respecto a la política monetaria del Banco de la República, el funcionario indicó que esta ha quedado «arrinconada» por la política fiscal. Esto porque el gasto público empuja la inflación al alza, restándole margen de maniobra al emisor para reducir las tasas de interés sin provocar una crisis económica generalizada.
Incluso criticó los aumentos salariales fijados muy por encima de la inflación y la productividad en periodos pasados, pues esto dispara los costos de funcionamiento de la nómina estatal (especialmente en Defensa y seguridad), dejando al presupuesto sin espacio para la inversión y con un gasto constitucionalmente inflexible.
De acuerdo con Gómez, de no aplicarse correctivos inmediatos, la deuda neta de Colombia escalaría hasta un 82 % del PIB. También dijo que el presupuesto de 2027 es la primera fase; posteriormente, el Ejecutivo radicará una Ley de rescate económico enfocada en optimizar el gasto y generar eficiencias (sin ser una reforma tributaria), seguida del Plan Nacional de Desarrollo.
La meta a mediano plazo es alcanzar un superávit primario del 0,4 % del PIB para el año 2030 y estabilizar el valor de la deuda neta en torno al 64 % del PIB.
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