A pocas semanas de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, las diferentes carteras continúan expidiendo decretos y resoluciones para reglamentar leyes aprobadas durante el cuatrienio.
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Uno de los más recientes es el Decreto 0769 de 2026, expedido hace un par de días, mediante el cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desarrolla la Ley 2489 de 2025 y establece nuevas reglas para la promoción, protección y garantía de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.
La nueva reglamentación no solo fija lineamientos para el Estado, sino que también introduce obligaciones para las instituciones educativas, las familias y empresas y proveedores de plataformas y servicios digitales, con el objetivo de prevenir riesgos como el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación de menores por medios digitales, la exposición a contenidos nocivos y la vulneración de la privacidad.
Según explicó la ministra TIC, Carina Murcia Yela, la reglamentación busca que los menores puedan aprovechar las oportunidades de la tecnología bajo condiciones de mayor seguridad y con la participación conjunta de familias, colegios, empresas y entidades públicas.
Las principales medidas del nuevo decreto del Gobierno Petro
Uno de los cambios más importantes es que el Gobierno tendrá 12 meses para formular y adoptar una Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros, liderada por el MinTIC junto con el Ministerio de Educación, el ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades nacionales. El proceso deberá incluir mecanismos de participación para niños, adolescentes, familias, comunidades, organizaciones sociales y sector privado.
El decreto también crea un esquema permanente de articulación institucional mediante mesas técnicas que coordinarán la implementación de la política pública y harán seguimiento a las acciones preventivas y educativas en todo el país.
Otro de los ejes centrales consiste en que las estrategias nacionales deberán incorporar medidas específicas para mitigar las diferentes formas de violencia digital, incluyendo campañas de sensibilización, protocolos de actuación, alfabetización mediática e informacional y acciones frente a riesgos derivados de contenidos manipulados, diseño persuasivo y mecanismos de reclutamiento forzado mediante plataformas digitales.
Qué deberán hacer las plataformas digitales, según el nuevo decreto
La reglamentación desarrolla por primera vez obligaciones específicas para proveedores de plataformas digitales, desarrolladores de aplicaciones, empresas de software y otros actores cuya actividad tenga incidencia sobre el entorno digital de los menores.
Entre las medidas previstas se encuentran incorporar mecanismos de prevención, bloqueo y reporte inmediato de material relacionado con explotación y abuso sexual infantil; implementar herramientas de control parental y mediación tecnológica adaptables a la edad de los menores y establecer sistemas de verificación de edad acordes con el nivel de riesgo de cada servicio.
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Asimismo, el nuevo decreto exige aplicar criterios de privacidad y seguridad desde el diseño y por defecto; desarrollar procesos de debida diligencia para identificar y reducir riesgos para los derechos de niños y adolescentes y evaluar el impacto que puedan tener algoritmos y sistemas automatizados sobre esta población e identificar posibles sesgos discriminatorios.
Además, las empresas obligadas deberán presentar informes semestrales al MinTIC sobre el avance en la implementación de estas medidas y el cumplimiento de los lineamientos de diseño seguro, con una aplicación gradual según el nivel de riesgo, el tipo de servicio y la capacidad técnica de cada actor.
Uno de los apartados más relevantes de la reglamentación establece límites expresos para evitar que las medidas de protección afecten derechos fundamentales.
El decreto señala que las obligaciones no podrán convertirse en censura previa, ni justificar el monitoreo masivo o indiscriminado de las comunicaciones privadas, el debilitamiento del cifrado de extremo a extremo o restricciones injustificadas al acceso a la información y a los servicios digitales.
Tampoco podrán implicar la vigilancia masiva de usuarios ni la obligación de revelar códigos fuente o información protegida por secreto empresarial.
Nuevas obligaciones para colegios y familias
La nueva reglamentación también impacta directamente al sistema educativo. Las instituciones deberán incorporar estrategias para prevenir riesgos digitales dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Manuales de Convivencia, integrando protocolos frente al ciberacoso y demás formas de violencia en línea, en coordinación con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Los comités escolares serán responsables de activar las rutas de atención cuando se identifiquen estos casos.
Asimismo, se promoverán escuelas para padres, talleres y espacios de formación sobre alfabetización mediática, uso responsable de internet, control parental y protección de la privacidad de niños y adolescentes.
Entre las novedades más importantes figura la creación de un Repositorio Nacional de Buenas Prácticas, que será administrado por el Ministerio de Educación con apoyo del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Este repositorio será gratuito, de acceso público y libre uso. El decreto establece que no podrá contener publicidad dirigida a menores ni exigir el registro o la entrega de datos personales como condición para acceder a sus contenidos.
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“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado”, sostuvo la ministra TIC.
Lea el decreto completo haciendo clic en este enlace.
