En la Comisión de Seguimiento al Organismo Electoral, el Ministerio de Defensa presentó el operativo de seguridad para las elecciones presidenciales de 2026.
El llamado Plan Democracia contempla el despliegue de más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, para cubrir 493 puestos de votación en todo el país, incluidos algunos centros carcelarios con apoyo del Inpec.
El dispositivo será el mismo que se utilizó en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo y se mantendrá para la primera vuelta presidencial y una eventual segunda vuelta. Según lo expuesto, el operativo comenzará a reforzarse entre 15 y 18 días antes de los comicios, conforme al cronograma electoral.
Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno activó un comité interinstitucional para revisar las medidas de protección de candidatos. En este espacio participan el Ministerio del Interior, Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Fuerzas Militares y Policía.
En el proceso previo a las elecciones de Congreso, se evaluaron más de 3.144 candidatos, con análisis de riesgo individual que derivaron en esquemas de seguridad que incluyen vehículos blindados, escoltas y acompañamiento policial.
Durante ese periodo se realizaron 22 sesiones del comité, en las que se revisaron 469 casos específicos y se asignaron 85 esquemas de seguridad, incluidos aspirantes de las circunscripciones especiales de paz.
Incidentes durante campaña y jornada electoral
Las autoridades reportaron cuatro hechos de seguridad relevantes contra candidatos al Congreso durante casi ocho meses de campaña, una cifra inferior al 1 % del total de aspirantes.
En la jornada electoral del 8 de marzo, el balance fue mayoritariamente positivo. Solo se registraron incidentes puntuales: un ataque a una mesa de votación que fue reemplazada de inmediato y el traslado de tres mesas en Córdoba por la ola invernal. El resto de los más de 13.000 puestos funcionaron con normalidad.
Para las presidenciales, actualmente hay 13 candidatos en contienda, cada uno con esquemas de seguridad diferenciados según su nivel de riesgo, información que es de carácter reservado.
Las campañas deben informar sus desplazamientos con al menos cinco días de anticipación para coordinar la seguridad en territorio.
Antes de las elecciones legislativas, las Fuerzas Militares realizaron 194 acompañamientos a precandidatos presidenciales, con más de 5.000 uniformados. Posteriormente, ya en campaña, se han cubierto 41 eventos con el despliegue de 1.300 efectivos.
Las autoridades confirmaron cuatro incidentes contra un precandidato presidencial y tres amenazas recientes contra aspirantes, actualmente bajo investigación de organismos de inteligencia.
En la última semana se realizaron reuniones de alto nivel para evaluar riesgos en campañas específicas, con participación del Ministerio del Interior, la Procuraduría y delegados de los candidatos.
Auditorías al sistema electoral y logística internacional
La Registraduría informó que ya se cerró la tarjeta electoral para la primera vuelta y comenzó su impresión para distribución en 114 consulados en 67 países, donde la votación iniciará el 25 de mayo.
Además, se adelanta un plan de auditorías a los sistemas tecnológicos electorales, incluyendo revisión de código fuente y plataformas de preconteo, escrutinio y consolidación de resultados, entre el 27 de abril y el 24 de mayo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió un “deterioro del debate democrático” marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio.
Entre el 13 de marzo y el 15 de abril, el seguimiento al proceso electoral evidenció amenazas de muerte, difamación y ataques sistemáticos, especialmente contra mujeres, personas LGBTIQ+ y candidaturas afro e indígenas.
“La violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales”, señaló la funcionaria.
También alertó por el impacto de estos fenómenos en jóvenes, al afectar su confianza en las instituciones y su participación política.
