Las empresas colombianas deben verificar si están obligadas a contar con un revisor fiscal y evaluar el estado de su información financiera antes de finalizar el año. Esta revisión resulta especialmente relevante para las sociedades cuyos activos brutos sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), o cuyos ingresos brutos alcancen al menos 3.000 SMLMV, de acuerdo con las cifras del año inmediatamente anterior.
Más allá de cumplir con las disposiciones legales, la revisoría fiscal cumple una función de control sobre la información financiera y permite identificar inconsistencias que podrían afectar las decisiones de una organización.
Gustavo Vera Novoa, socio fundador de Ventus Consultores, firma especializada en revisoría fiscal, auditoría, outsourcing contable y tributario, y asesoría legal y societaria, señala que la confianza en las cifras empresariales depende de una labor continua e independiente, no solamente del informe que se presenta al terminar el ejercicio.
Revisión independiente para anticipar riesgos
El trabajo del revisor fiscal comprende la verificación de documentos y transacciones, el análisis de soportes contables, la evaluación de controles internos y la realización de pruebas para comprobar la consistencia de la información. Cuando resulta necesario, también incluye inspecciones físicas y otras verificaciones.
La independencia profesional es fundamental para que las conclusiones respondan a criterios técnicos, sin interferencias de intereses particulares o presiones de la administración. Este principio permite examinar los resultados con objetividad y comunicar oportunamente los asuntos que requieren atención.
Detectar posibles problemas durante el año ofrece a las compañías más tiempo para estudiar los hallazgos, documentar las situaciones y aplicar medidas correctivas. En cambio, identificar inconsistencias únicamente durante el cierre contable puede reducir las posibilidades de respuesta.
Preparación financiera antes de terminar el año
En los últimos meses del calendario, las organizaciones pueden evaluar sus registros, soportes, estimaciones contables y mecanismos de control para determinar si están preparados para el cierre financiero.
Adelantar estas tareas facilita la identificación de ajustes pendientes y evita concentrar todas las verificaciones en enero, cuando algunas decisiones pueden requerir antecedentes y seguimiento previo.
Vera Novoa recomienda que las empresas próximas a cumplir los requisitos legales consulten oportunamente sobre la designación de un revisor fiscal. También plantea que las organizaciones sin obligación legal consideren esta alternativa si buscan fortalecer la confianza en sus estados financieros.
Así, la revisoría fiscal puede contribuir tanto al cumplimiento normativo como a la calidad de la información que utilizan las empresas para evaluar sus resultados, controlar sus operaciones y tomar decisiones.
