Un estudio de la Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que el Estado les debe $1,5 billones a clínicas y hospitales en Colombia, en medio de la crisis por la que atraviesa el sector.
Según este informe, la deuda total asciende a aproximadamente $1,47 billones, con una mora de $991.000 millones, lo que representa cerca del 67,2 % de la deuda total.
La deuda del Estado con clínicas y hospitales
Desglosando esta deuda por los distintos deudores en la categoría del Estado, se observa que los entes territoriales concentran la mayor parte de la cartera, con aproximadamente $662.000 millones.
Dentro de esta categoría, Norte de Santander destaca como el mayor deudor, con una deuda de $150.000 millones y $134.000 millones en mora. Le siguen Bogotá, con una deuda que supera los $100.000 millones y cerca de $77.000 millones en mora, y Valle del Cauca, que debe $63.000 millones, de los cuales $51.000 millones están en mora.
Además, la categoría «otras» —que agrupa entidades como la Rama Judicial, la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, Inspecciones de Policía, y la Rama Ejecutiva, entre otras— tiene pendiente en conjunto unos $393.000 millones.
En tercer lugar, se encuentra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con una deuda de $325.000 millones, correspondientes exclusivamente al reconocimiento y pago de Reclamaciones por Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos y Terroristas, sin incluir otros procesos de reconocimiento, pago y giro de recursos a favor de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Para Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la ACHC, las cifras del estudio corroboran que el problema de cartera es un asunto crónico, creciente y de difícil resolución. “La morosidad se mantiene fluctuando en niveles altos, a pesar de muchas de las intervenciones normativas y reglamentarias”, precisó.
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Desde el año anterior, la agremiación le solicitó al Gobierno la adopción de un plan extraordinario de liquidez, compuesto por varias medidas que en conjunto podrían mejorar la coyuntura del flujo de recursos y enfrentar los problemas acumulados, especialmente con carteras antiguas y el daño causado por EPS liquidadas que no respondieron por sus obligaciones.
De las propuestas del plan original, el Gobierno ya amplió el alcance del giro directo especialmente en el régimen contributivo, sin embargo, “aún se debe aplicar el Decreto 489 para hacer que el 80 % sea un mínimo y garantizar que los recursos lleguen a las IPS independientes y no se concentren en entidades de integración vertical”, dice el gremio.
Y agrega: “El restante 20 % también debe fluir hacia la liquidez del sector, para honrar compromisos actuales y carteras antiguas. Otros mecanismos como la liberación de reservas técnicas y los créditos de Findeter deben ser implementados en el inmediato plazo”.
Por último, insiste en “la urgencia de poner en marcha un Fondo de Garantías que contribuya a la liquidez y permita responder por las deudas de las entidades en liquidación”.
De acuerdo con Valencia, “esta figura podría derivarse de cuentas como las del Fonsaet y la de apoyo financiero y fortalecimiento patrimonial a las entidades del sector salud, existentes en la Adres y nutrirse de fondos que podrían provenir de fuentes como el medio punto de IVA Social creado en la reforma tributaria de 2016”.
