La Administración de Donald Trump decidió suspender temporalmente las citas para visados de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo.
Los solicitantes han comenzado a recibir comunicaciones en las que se les informa que sus entrevistas fueron aplazadas. En muchos casos, las autoridades aún no han establecido una nueva fecha para la atención consular.
La decisión se produce después de que un juez federal bloqueara una medida mediante la cual el Gobierno estadounidense había suspendido la expedición de visados a ciudadanos de 75 países, bajo el argumento de que algunos solicitantes podrían convertirse en una carga para las finanzas públicas del país.
La decisión judicial cuestionó la facultad de la Casa Blanca para imponer esta restricción y señaló que una determinación de esa naturaleza debe ajustarse al marco establecido por el Congreso y a las competencias de las autoridades consulares encargadas de evaluar cada solicitud.
Capacitación de funcionarios para evaluar a los solicitantes
El Departamento de Estado explicó que la suspensión de las citas está relacionada con un proceso de capacitación dirigido a funcionarios de las embajadas y los consulados estadounidenses.
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El objetivo de la Administración es preparar a los funcionarios para realizar una evaluación más exhaustiva de las personas que solicitan visados, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de que dependan de programas de asistencia pública después de ingresar al país.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, el ajuste en el calendario de entrevistas permitirá desarrollar esta capacitación sin interrumpir las demás labores de los funcionarios consulares.
La Administración sostiene que uno de sus objetivos es garantizar que quienes obtengan un visado puedan mantenerse económicamente sin convertirse en una denominada “carga pública”, concepto contemplado en la legislación migratoria estadounidense.
El Departamento de Estado también ha defendido que los solicitantes deben demostrar que no tienen probabilidades de depender de determinadas prestaciones públicas destinadas a ciudadanos y residentes que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.
