El Congreso de la República aprobó recientemente la denominada “Ley Sarita”, una iniciativa presentada por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, que busca introducir cambios significativos en la manera en que se gestionan las cuotas alimentarias destinadas a los menores de edad. La norma propone un procedimiento más ágil y efectivo para que los recursos embargados lleguen oportunamente a quienes los necesitan, evitando dilaciones que afectan directamente el bienestar de los niños y niñas.
Con la entrada en vigor de esta ley, los jueces de familia estarán facultados para entregar de manera anticipada y sin trámites complejos los dineros retenidos por concepto de cuota alimentaria.
Actualmente, esos recursos suelen permanecer inmovilizados hasta que concluye el proceso judicial, lo que en muchos casos puede tardar varios años. Esta situación genera un impacto negativo en el mínimo vital de los menores, quienes dependen de esos fondos para garantizar su sustento, educación y acceso a la salud.
¿Cuáles serán las modificaciones que plantea la Ley Sarita?
La norma modifica el Código General del Proceso mediante la creación del artículo 397A y la modificación del artículo 447, con el fin de establecer un procedimiento especial en litigios de alimentos que involucren a menores de edad. De esta manera, se busca priorizar el interés superior de los niños frente a la duración de los trámites judiciales.
Uno de los puntos relevantes tiene que ver con la proporción de los ingresos que puede ser embargada. La legislación colombiana permite retener hasta el 50 % del salario o de la pensión de un ciudadano cuando este es demandado por incumplimiento en la cuota alimentaria.
Sin embargo, la dificultad radica en que dichos recursos se consignan en el Banco Agrario y permanecen retenidos hasta que el juez emite una decisión final, lo que puede prolongarse por años. En consecuencia, miles de menores deben esperar largos periodos para acceder a un dinero que es fundamental para cubrir sus necesidades básicas.
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El origen de esta iniciativa se remonta a un caso atendido en el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Allí se expuso la situación de Sara Guiselle, una niña de siete años con múltiples discapacidades, cuya cuota alimentaria llevaba más de un año y medio sin ser entregada debido a la demora en el proceso contra su padre. La historia llegó a conocimiento de la senadora Bitar, quien decidió impulsar un proyecto legislativo con el nombre de la menor como símbolo de esta problemática.
La “Ley Sarita” pretende dar respuesta a una situación que, según cifras oficiales, involucra más de 55.000 procesos judiciales activos en el país relacionados con cuotas alimentarias. En todos ellos, los menores resultan afectados por la lentitud de los trámites y por la imposibilidad de acceder de manera inmediata a recursos que son vitales para su desarrollo integral.
