Uno de los aspectos más relevantes de la reforma laboral aprobada por la Comisión Cuarta del Senado, y que podría convertirse en ley, es el recargo del 100 % para los trabajadores que laboren en domingos y festivos en Colombia.
Además, la jornada nocturna se modificaría, comenzando a las 7:00 p. m. en lugar de las 9:00 p. m., como rige actualmente. Este cambio tendría implicaciones directas en el sector de la seguridad privada, especialmente en servicios prestados en conjuntos residenciales, edificios y otros espacios similares.
Frente a este panorama, el presidente de Fedeseguridad, Nicolás Botero, expresó en W Radio que la entidad ha procurado establecer un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones legales con los trabajadores y la sostenibilidad de los costos para los usuarios del servicio.
Botero explicó que el recargo adicional que se deberá pagar a los trabajadores del sector de la vigilancia privada será del 18 % hasta julio de 2026. Advirtió que esta medida podría tener un impacto considerable, al prever una posible contracción en la prestación del servicio, así como una migración hacia otros sectores.
Indicó también que, de aprobarse la reforma, es probable que se reduzca la vigilancia física privada, un servicio con más de cinco décadas de presencia en conjuntos residenciales, establecimientos comerciales e industrias. Según estimaciones del gremio, cerca de 18.000 empleos podrían perderse como consecuencia directa de la reforma.
¿Tendrían los conjuntos residenciales aumentar la cuota de administración por vigilancia privada?
Uno de los efectos colaterales más discutidos es el aumento en las cuotas de administración de los conjuntos residenciales. Julián Morales, experto en propiedad horizontal, explicó en diálogo con Valora Analitik que esta reforma tendría un impacto directo en las finanzas de estos espacios habitacionales.
“El problema radica en que, si se aprueba la reforma, el costo de los servicios prestados por las empresas de vigilancia aumentaría. Esto podría llevar a que, conforme a lo estipulado por la Ley 675 de 2001, se convoquen asambleas extraordinarias de copropietarios, o bien se discuta en la reunión anual, un ajuste en el valor de la cuota de administración de hasta un 20 %, que estaría por encima del IPC, que es un factor que se tiene en cuenta para asumir el alza en el precio para cubrir los nuevos recargos laborales. Por eso, es importante que se lleven a cabo las asambleas para determinar el costo de la nueva cuota de administración en caso de que este proyecto sea aprobado”, señaló Morales.
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Si bien las cuotas de administración están destinadas, entre otros aspectos, a financiar la seguridad privada, Morales enfatizó la necesidad de que las empresas prestadoras del servicio lleguen a acuerdos razonables con los conjuntos residenciales. De esta forma, se podría evitar un incremento significativo en los costos que afecte directamente a los residentes.
“Es fundamental que las empresas de vigilancia negocien precios equilibrados con los conjuntos residenciales para prevenir aumentos excesivos que puedan comprometer la estabilidad financiera de los copropietarios”, concluyó el experto. Cabe aclarar que cualquier incremento en la cuota de administración solo podrá ser aprobado por la asamblea de copropietarios. Por lo tanto, los administradores o los consejos de administración no tienen la facultad de aplicar aumentos por decisión propia.
