Con el propósito de ampliar el acceso a internet en Colombia y reconocerlo como un derecho fundamental que, en la práctica, aún se encuentra condicionado por la capacidad económica de los hogares, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley denominado “Internet Solidario”.

El ministro de las TIC, Julián Molina, explicó que la iniciativa busca ofrecer soluciones de conectividad a los ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para acceder a este servicio. De manera particular, el proyecto está dirigido a los hogares de estrato 1, considerados entre los más afectados por la brecha digital.

Según lo detallado por el funcionario, la propuesta contempla la implementación de un subsidio que permitiría a estas familias reducir en un 55 % el valor mensual de la factura de internet fijo. Esto significaría que el costo aproximado para dichos hogares estaría cercano a los $35.000 mensuales, lo cual facilitaría un mayor acceso a este servicio esencial.

El beneficio estaría focalizado en hogares registrados en el Sisbén, grupo A, que cuenten con servicio de energía eléctrica y en los que haya al menos un estudiante activo. Con ello se busca garantizar que la medida contribuya de manera directa al fortalecimiento de la educación y a la reducción de la desigualdad digital en las comunidades más vulnerables.

¿Cómo se financiaría el internet para ciudadanos estrato 1?

Uno de los aspectos centrales de la propuesta legislativa está relacionado con su financiamiento. El texto del proyecto establece que los recursos provendrán de un aporte solidario equivalente al 30 % sobre las facturas de internet de los hogares pertenecientes a los estratos 5 y 6. Asimismo, se contempla que las empresas catalogadas como de gran tamaño deberán realizar contribuciones en el marco de un principio de equidad, lo que permitiría redistribuir recursos hacia los sectores que presentan mayores dificultades para acceder al servicio.

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Adicionalmente, el documento plantea que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el MinTIC serán las entidades responsables de definir las condiciones técnicas y económicas que garanticen la viabilidad de la medida.