Cuando se habla del desarrollo de proyectos, dos temas que sobresalen en la conversación son las consultas previas y las licencias ambientales, mecanismos claves para la regulación de iniciativas energéticas y de infraestructura. Sin embargo, en los últimos años la discusión se ha inclinado hacia cómo estos trámites pueden tener un impacto en su avance y a su vez en la atracción de inversión.
¿Cuál es el estado de las consultas?
De acuerdo con un estudio realizado por Corficolombiana, los proyectos que requieren consulta previa han aumentado. Los datos muestran que hoy hay cerca de 283 nuevos proyectos con consulta previa, más del doble de los que había hace una década.
La tendencia también se ha hecho visible en los tiempos. De las 2.197 consultas previas activas, el 64 % lleva más de tres años en trámite y un 42 % no ha salido de su etapa inicial.
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Según explicó César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, este comportamiento demuestra que no estamos hablando únicamente de una mayor concentración o intensidad de las consultas previas, sino también de que “estamos frente a procesos que toman mucho tiempo y generan costos”.
Para dimensionar mejor esta situación, el reporte muestra que varios proyectos estratégicos han enfrentado consultas sucesivas e incluso la incorporación de nuevas comunidades, prolongando los tiempos de ejecución y aumentando la incertidumbre.
Una de esas iniciativas es Colectora, uno de los proyectos de transmisión eléctrica más importantes del país en materia de generación y atención a la demanda de energía. La obra actualmente acumula cerca de 10 años de trámites e involucra a 261 comunidades en procesos de consulta previa.
En esa lista también aparece Sirius, el mayor descubrimiento de gas natural en Colombia, y Cerrejón, operación minera a cielo abierto de gran escala. La iniciativa de exploración offshore enfrenta más de 120 procesos comunitarios, mientras que la mina de carbón requiere consultas previas con 510 comunidades (de las cuales 445 lograron acuerdos entre 2024 y 2025).
Otros proyectos con retrasos
En contraste con el comportamiento de las consultas previas, las licencias ambientales se han reducido. Según las cifras, hoy en día se expiden en promedio cerca de 130 licencias ambientales al año, menos de la mitad de las que se tramitaban en 2014.
No obstante, el trámite se ha vuelto más ineficiente. Las cifras muestran que el tiempo de trámite ante la ANLA y las CAR se ha extendido a un promedio de 180 a 188 días hábiles, más del doble del plazo legal de 90 días.
De acuerdo con Pabón, lo anterior se relaciona con que, si bien existe un marco normativo y una entidad encargada de llevar a cabo estos procesos, hay fallas importantes relacionadas con la multiplicidad de etapas y exigencias.
En este punto aparecen dos proyectos que dan cuenta de esta tendencia: la subestación Norte- Sogamoso y Komodo -1.
El primero contempla el desarrollo de una línea de transmisión de energía eléctrica que apunta a atender hasta el 32 % de la demanda eléctrica nacional. No obstante, su trámite de licencia ambiental ante la ANLA se extendió por 943 días hábiles (iniciado en 2016 y otorgado en 2020), registrando posteriormente suspensiones de términos y solicitudes de modificación entre 2023 y 2026.
El segundo, por otro lado, consiste en un proyecto de exploración de hidrocarburos en aguas ultraprofundas del Caribe colombiano que cuenta con un volumen potencial de gas estimado en hasta 17 veces las reservas probadas actuales del país. Su trámite sufrió suspensiones por parte del Ministerio de Ambiente para requerir estudios adicionales de biodiversidad marina, así como recursos de la Procuraduría con 57 objeciones, antes del otorgamiento de la licencia y la posterior simplificación de requisitos por parte de la autoridad de licenciamiento ambiental.
Las tres C
Sin desconocer que estos mecanismos son clave para la participación de las comunidades en el desarrollo de las obras y en el cuidado de los territorios donde se llevan a cabo, el reporte destaca la necesidad de estructurar un marco regulatorio claro para superar el estancamiento de la inversión y destrabar proyectos estratégicos.
Para ello se propone un modelo de acuerdos claros articulado en torno a tres ejes fundamentales: certidumbre, coordinación y confiabilidad.
El factor de certidumbre sugiere implementar una planeación y caracterización temprana de los proyectos para anticipar qué comunidades e impactos están involucrados. En ese sentido, se propone adoptar un licenciamiento ambiental diferencial, donde la exigencia del trámite sea proporcional al nivel de riesgo e impacto real del proyecto.
En términos de coordinación, se plantea integrar evaluaciones ambientales y unificar criterios entre agencias estatales (ANLA, CAR y ministerios) para eliminar la duplicidad de etapas y las decisiones contradictorias.
Finalmente, el análisis expone la necesidad de recuperar la confianza, una acción lograble a partir de la alineación de incentivos comunitarios para que las poblaciones sean socias activas en los beneficios de los proyectos. Todo ello de la mano de reformas normativas.
