Un grupo de más de 100 exfuncionarios de diferentes instituciones en Colombia dirigió una carta a los líderes de las tres ramas del poder público para abogar por el futuro de la regulación de los servicios públicos en el país.
Los expertos recordaron que, en días recientes, se publicó el documento técnico: “Documento, análisis y consideraciones del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, sobre los servicios públicos en el país” y solicitaron tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de regulación.
“Este grupo quiere manifestar el apoyo a este documento e invitar a las tres ramas del poder público, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública a estudiarlo con especial atención”, indica del documento.
Agregan que “construir lo que hoy tenemos no ha sido tarea fácil, los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos. Es necesario elevar la alerta y la preocupación dadas las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno Nacional, de asumir las funciones de la comisión de regulación de energía y gas y/o derogar el marco jurídico actual”.
De acuerdo con los exfuncionarios, “aún con buenas intenciones, las malas decisiones nos pueden retroceder 50 años y conducir a una situación que todos los colombianos lamentaremos”.
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Según la carta, Colombia ha recorrido una historia con costosos aprendizajes y que es clave evitar repetir los errores del pasado.
La misiva recuerda que en el documento se exponen con claridad y profundidad los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994.
Destacaron que este marco ha permitido que en estos 30 años Colombia haya pasado del apagón de los 90s y de una situación precaria en cobertura y calidad, a lograr un sistema con confiabilidad energética, una cobertura -que pasó de 74 % a cerca de 98 % en electricidad y de 9 % a 64 % en gas y calidad adecuada-.
Todo esto con la excepción de las geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo.
Este grupo dice reconocer que aún persisten retos que requieren atención inmediata en el país como:
- El aumento de cobertura en zonas rurales aisladas
- La mejora en la prestación de servicios en la costa caribe (que obedece a una situación particular y no general)
- Una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones
- Una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión
Los exfuncionarios indicaron que tienen el convencimiento que estos desafíos deben y “pueden corregirse haciendo los cambios que se requieran dentro del marco jurídico e institucional existente”.
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Para éstos es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las comisiones de regulación.
“Esto solo llevará a una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos. Menores inversiones resultarán rápidamente en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y nos hará retroceder en los avances en cobertura, calidad y eficiencia”, manifestaron los expertos.
Añadieron que “este es un apoyo técnico al documento y no un apoyo de carácter político; cada uno de los firmantes lo hace a título personal y no compromete a ninguna institución”.
Hay que decir que los exfuncionarios que firmaron la carta pertenecían a entidades como el Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Unidad de Planeación Minero-Energética, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia Financiera y Empresas de economía mixta, entre otras.
