La Ley 675 de 2001 establece los lineamientos fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento de la propiedad horizontal en Colombia, con el propósito de garantizar una convivencia armónica entre los residentes de conjuntos residenciales. Sin embargo, esta norma no actúa de manera aislada, sino que se complementa con otras disposiciones que también deben observarse en estos espacios habitacionales.
Una de las más relevantes es la Resolución 2184 de 2019, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta resolución introduce la clasificación de residuos sólidos mediante un código de colores, con el objetivo de fomentar una cultura responsable en el manejo de basuras, especialmente en escenarios como los conjuntos residenciales, donde el volumen de residuos puede ser considerable.
De acuerdo con esta normativa, las unidades residenciales están obligadas a implementar un sistema de separación de residuos por colores, que distingue entre: verde, para residuos orgánicos aprovechables; negro, para residuos no aprovechables; y blanco, para materiales reciclables. Esta clasificación debe aplicarse en todos los puntos de almacenamiento temporal de residuos dentro del conjunto, de manera visible y coherente, como una medida que facilite la adecuada disposición final y promueva el reciclaje.
Además, se recomienda que las administraciones de los conjuntos establezcan acuerdos con empresas recolectoras formalmente autorizadas, con el fin de optimizar la gestión de residuos. Esta estrategia no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que también puede contribuir a reducir los costos asociados a la recolección y el transporte de basuras.
¿De cuánto es la multa por no cumplir con la separación de residuos?
El desconocimiento o incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas para los conjuntos residenciales. Según el artículo 94 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), el mal manejo de residuos sólidos constituye una infracción sancionable con una multa tipo tres. Para el año 2025, esta equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa un valor aproximado de $865.856. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de la norma y desincentivar prácticas que afecten la salud pública o el medio ambiente.
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Más allá del cumplimiento normativo, existen prácticas recomendadas para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos. Por ejemplo, es fundamental secar los residuos antes de depositarlos, ya que la humedad puede afectar la calidad de los materiales reciclables y disminuir su valor en el mercado. También se promueve la reutilización de materiales y la reducción del volumen de desechos generados, como estrategias clave para disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios y mitigar el impacto ambiental.
La educación ambiental juega un papel crucial en este proceso. Promover la separación de residuos desde el hogar y generar conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de estas prácticas es esencial para consolidar una cultura ambiental sostenible. La adopción de hábitos responsables en el manejo de residuos no solo contribuye a la protección del entorno, sino que fortalece el sentido de comunidad y corresponsabilidad en los entornos residenciales.
