La temporada decembrina suele ser un periodo propicio para que muchas familias en Colombia se reúnan y organicen encuentros sociales. En numerosos conjuntos residenciales, estas actividades incluyen música, celebraciones prolongadas y un aumento en el nivel de ruido habitual. Aunque estas prácticas son comunes en este tipo de espacios, no todos los residentes conocen que existen normas específicas que regulan el manejo del sonido y que, en caso de incumplimiento, pueden derivar en sanciones económicas y disciplinarias.

Si bien es cierto que cada administración, a través del reglamento de propiedad horizontal, establece horarios y lineamientos internos para permitir o restringir la música a alto volumen, estas disposiciones no sustituyen la normatividad nacional. De hecho, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, consignado en la Ley 1801 de 2016, incluye disposiciones precisas sobre el manejo adecuado de los niveles de ruido. En particular, los artículos 33 y 35 determinan que cualquier comportamiento que genere perturbación auditiva y afecte la tranquilidad de la comunidad debe ser sancionado, independientemente de si ocurre dentro de una vivienda, en zonas comunes o en espacios privados de acceso limitado.

A esta regulación se suma la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antiruido, que establece lineamientos más estrictos para controlar las fuentes sonoras que superen los niveles permitidos. Esta norma incorpora criterios técnicos y procedimentales para determinar cuándo se configura una infracción, así como las condiciones bajo las cuales la autoridad competente puede intervenir. En el contexto de los conjuntos residenciales, esta ley cobra especial relevancia, pues permite actuar frente a situaciones reiteradas de ruido que alteren la convivencia y el bienestar de los vecinos.

¿De cuánto es la multa por superar los límites de ruido en conjuntos residenciales?

Respecto a las sanciones, la Ley Antiruido contempla un esquema escalonado que varía según la gravedad de la conducta y la persistencia del comportamiento infractor. Las multas pueden oscilar entre $2.8 millones y $22.7 millones cuando se comprueba que la fuente sonora supera los límites máximos establecidos. Además, si existe resistencia a la autoridad, desacato de órdenes previas o reincidencia, los valores pueden incrementarse y dar lugar a medidas adicionales, como procesos administrativos más rigurosos o incluso la intervención policial.

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El proceso para imponer estas sanciones se activa a partir de los llamados previos de atención. En primera instancia, cualquier residente que considere afectada su tranquilidad puede presentar una querella ante la alcaldía local. En ese momento intervienen la autoridad administrativa y la Policía, encargadas de verificar los hechos mediante visitas, mediciones o requerimientos formales. Durante el procedimiento, la persona señalada como infractora tiene derecho a presentar su versión de los hechos y aportar pruebas como videos, grabaciones o testimonios que respalden su defensa.

Cuando la autoridad confirma que la conducta sí constituye una perturbación auditiva, procede la imposición de un comparendo. En su fase inicial, este puede consistir en una multa cercana a los $393.000 y la orden de suspender temporalmente la fuente de ruido. Sin embargo, si el comportamiento persiste o se identifican antecedentes, se aplican las sanciones contempladas en la Ley 2450 de 2025, cuyos valores son considerablemente más altos.