La economía colombiana atraviesa un momento retador por cuenta de la crisis fiscal. De acuerdo con cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), las proyecciones apuntan a que el déficit podría llegar al 7,8 % para este 2026 y a cerca del 9,5 % el próximo año.
Ante ese panorama, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso la Ley de Rescate, un proyecto con el que busca desactivar esa “bomba de tiempo fiscal” y que ha generado debate por cuenta de los ajustes que se proponen para alcanzar ese objetivo.
Precisamente, este fue el foco de la discusión del más reciente conversatorio de Valora Analitik y Serrano Martínez CMA, en el que, en compañía del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la directora de Colombia Compite, Ana Fernanda Maiguashca, y el socio director de Serrano Martínez, Felipe Serrano, se abordaron algunos puntos claves de esta iniciativa.
La baja inversión
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Los expertos coinciden en que uno de los principales problemas económicos que enfrenta hoy el país es la baja inversión, un factor que ha limitado el crecimiento. De ahí la necesidad de que la Ley de Rescate no se conciba únicamente como una herramienta para enviar un mensaje de confianza al mercado, sino también como un instrumento para ampliar la capacidad productiva del país y generar condiciones que atraigan nuevas inversiones.
“Hay un factor en el trasfondo que afecta la confianza: la crisis fiscal, que es una bomba de tiempo. Ahí entra la Ley de Rescate, un antídoto necesario para activar la inversión y generar confianza”, destacó Cárdenas.
Para el exministro, la discusión también debería pasar por la manera en que se distribuye el esfuerzo del ajuste fiscal. Según explicó, la propuesta plantea que, para el próximo año, este dependa en un 25 % de recortes del gasto y en un 75 % de mayores impuestos, una combinación que considera debería replantearse.
En ese sentido, propuso una distribución alternativa: 50 % mediante recortes del gasto, 30 % a través de mayores impuestos y un 20 % correspondiente a la venta de activos estatales. Este último componente sería una fuente adicional de financiación para conseguir recursos mientras la economía recupera dinamismo.
Otro de los puntos que generó discusión fue la combinación entre la reducción progresiva del impuesto de renta a las empresas y el regreso de aportes parafiscales a la nómina de los empleadores. Cárdenas advirtió que esta fórmula podría no resultar atractiva para todas las compañías, especialmente para aquellas que generan más empleo, mientras que Maiguashca también expresó reservas frente a la reintroducción de cargas laborales, que habían sido sustituidas por impuestos sobre la renta en 2012.
La preocupación se concentra en el posible efecto de estas medidas sobre los costos empresariales y la protección del empleo, pues, si bien se busca aliviar la tributación de las compañías, también se estarían reintroduciendo obligaciones que encarecen la contratación.
El recorte del gasto
En línea con ello, Maiguashca puso sobre la mesa otro matiz a considerar dentro de la conversación y es que no todo ahorro fiscal tiene el mismo efecto sobre la economía.
La directora de Colombia Compite advirtió que los recortes deben considerar el destino y el impacto de los recursos. Su argumento se basó en que algunos gastos públicos alimentan el consumo, mientras que otros contribuyen a la inversión. Por eso, reducirlos indiscriminadamente puede terminar afectando la actividad económica sin necesariamente mejorar las perspectivas productivas del país.
“El gasto puede hacer que la economía crezca y, cuando hablamos de recortar el gasto, hablamos de recortar cosas que le metan el acelerador al consumo, pero que no necesariamente están alimentando inversión. Entonces no es un peso por un peso. Ahí el Gobierno tiene un espacio para cambiar el equilibrio de lo que se está poniendo en la mesa, tratando de mantener ciertas estructuras que son importantes”, explicó.
Además, si bien destacó que algunos de los componentes que aborda la reforma van por el camino correcto, incorporó una preocupación sobre la manera en que se plantea compensar a los hogares por los cambios en el IVA.
De acuerdo con Maiguashca, el mecanismo de devolución debe ser eficiente y sencillo, por lo que propone aprovechar los sistemas de pagos digitales para hacer más ágil la devolución y focalizar mejor los recursos.
En torno a la discusión de este proyecto, los panelistas coinciden en que no se trata únicamente de recaudar más o gastar menos, sino de revisar qué cargas se imponen y qué recursos están contribuyendo realmente al crecimiento.
Así mismo, señalaron que el Gobierno debería poner el foco en la construcción de acuerdos en el Congreso, en especial, considerando que la radicación de este proyecto marca, en su lectura, el momento en el que el Ejecutivo debería empezar a tender puentes.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que se radicó un mensaje de urgencia para acelerar el trámite de la iniciativa en el Legislativo, Serrano destacó la importancia de que la ley tenga un proceso de socialización y debate.
“El mensaje de urgencia no elimina la necesidad de que haya publicidad y debate. La Corte ya ha eliminado varias leyes con mensaje de urgencia precisamente porque se saltaron esa parte de la discusión”, indicó.
