La propuesta del presidente Gustavo Petro de incluir una papeleta para convocar una Asamblea Constituyente en las próximas elecciones ha generado polémica en todos los sectores políticos.
En ese escenario, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, en entrevista con La W Radio, compartió un análisis del porqué el Gobierno quiere aplicar esta constituyente y si es posible que el presidente pueda aprobarla.
Además, un panel realizado por la Universidad del Rosario denominado: “La consulta popular en la mira: problemas constitucionales y retos institucionales”, expertos advierten sobre los riesgos que esta propuesta puede traer para el país.
¿Para qué quiere el Gobierno cambiar la Constitución?
El presidente Petro ha planteado incluir una papeleta ciudadana en las próximas elecciones para preguntar al pueblo si está de acuerdo con convocar una Asamblea Constituyente.
“Esa es la pregunta del millón, porque hacen bien en no enfocarse en el procedimiento. El procedimiento está claro. Lo que no está claro es para qué quieren cambiar la Constitución”, explica Gaona
Según Gaona, el Gobierno ha construido una narrativa de “bloqueo institucional” que busca justificar una transformación estructural del sistema político colombiano.
“El hecho político ya es parte del récord público. Ellos quieren cambiar la Constitución porque consideran que existe un bloqueo institucional. Pero ese bloqueo institucional no es otra cosa que la oposición legítima. Cuando usted quiere cambiar un régimen constitucional para eliminar la oposición, lo que está haciendo es pasar del autoritarismo constitucional a la dictadura constitucional”, explicó en la entrevista con La W.
Propuesta presidencial de la constituyente: “es jurídicamente inviable y representa un riego”
Por su parte, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Antonio Lizarazo expresó: “Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución. Si no lo enfrentamos desde la ciudadanía, Colombia se va a arrepentir”.
En su intervención, señaló que el gobierno ha abandonado su deber de gobernar para dedicarse exclusivamente a la campaña, y alertó sobre el riesgo de que el país repita los errores de regímenes autoritarios en la región.
De igual manera, Luis Guillermo Guerrero, también exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, afirmó que el problema no es la figura de la constituyente en sí misma, la cual está prevista en la Carta del 91 como una herramienta democrática legítima, sino el intento de activarla por fuera del cauce institucional.
“La propuesta del presidente es inviable jurídicamente. El mecanismo está previsto en la Constitución, pero debe pasar por una ley del Congreso con mayoría calificada. Pretender eludir ese camino provoca una reacción institucional legítima”, sostuvo.
Guerrero recordó que la Constitución no prohíbe la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero establece expresamente las condiciones bajo las cuales puede hacerse, incluida la aprobación de una ley formal y una consulta al pueblo. Alertó que saltarse esos pasos debilita la legitimidad del proceso y erosiona el principio de separación de poderes.
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“El problema no es la constituyente. Es la forma, es la manera. Si el Ejecutivo decide imponerla por fuera del procedimiento establecido, se rompe el equilibrio institucional y se genera un pulso político innecesario con el Congreso y otras ramas del poder público”, concluyó.
Desde una perspectiva crítica, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, opinó que la papeleta constituyente podría tener más un objetivo electoral que jurídico: “Lo que quiere Petro es un gancho para su lista al Senado. Todos sabemos que esa papeleta no va para ningún lado desde el punto de vista legal, pero sí puede movilizar votos”. Añadió que, en todo caso, el tema de competencias debe ser examinado a fondo tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
Por su parte, el profesor Héctor Rojas, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, propuso una reflexión desde la teoría constitucional contemporánea. Cuestionó la ligereza con la que se habla de convocar una asamblea constituyente desde el Ejecutivo, señalando que este tipo de propuestas, cuando no provienen del pueblo sino del poder gubernamental, envían señales equivocadas sobre la estabilidad del pacto constitucional. “Si voy a remodelar la cocina, no tumbo toda la casa”, expresó gráficamente, para ilustrar la desproporción de acudir al mecanismo más intrusivo sin agotar antes las vías ordinarias de reforma.
Agregó que uno de los principios fundamentales de toda Constitución es su vocación de permanencia, con procedimientos reforzados precisamente para evitar que sea manipulada según las coyunturas políticas del momento. “Las constituciones están hechas para durar. Deben poder evolucionar, sí, pero con criterios jurídicos claros y deliberación democrática seria”, concluyó.
Una Constituyente con poder ilimitado
De otro lado, el abogado Gaona advirtió que una Asamblea Constituyente, una vez convocada, tendría facultades supremas incluso por encima del Congreso, lo que representa un riesgo significativo para la separación de poderes.
“La Asamblea Constituyente puede establecer su propio temario. Su poder es el más alto, más que el del Congreso. Puede cambiar no solo la Constitución, sino todo el orden constitucional, incluyendo la separación de poderes”, aseguró.
Gaona recuerda el caso de Venezuela como una advertencia. “En Venezuela, la Asamblea Constituyente cerró el Congreso, creó una corte paralela y destituyó al fiscal general. Si no se tiene un propósito claro y acotado, Colombia podría seguir el mismo camino”.
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¿Puede el presidente declarar la Constituyente por su cuenta?
En términos jurídicos, el presidente sí tiene facultad de convocatoria bajo ciertos procedimientos, pero no puede sustituir las vías legales con actos unilaterales o decisiones sin fundamento normativo.
“El presidente tiene poder de convocatoria, eso es innegable. Pero no puede hacerlo sin una justificación previa ni sin control constitucional. El hecho de que exista un descontento político no es suficiente para romper el orden institucional”.
Gaona destaca un riesgo aún mayor si se desconoce al Congreso y se asume un poder total desde el Ejecutivo. “El Congreso pasaría a ser casi un departamento administrativo. El presidente tendría el poder de ejecutar las leyes y el de aprobar ternas para magistrados. Las cortes se convertirían en cortes de bolsillo. Eso es lo que se llama unificación del poder”.
Otro punto crítico es la propuesta misma de la papeleta. Según el Gobierno, esta recogería el sentir ciudadano respecto a una posible Constituyente. Sin embargo, Gaona advierte que no hay reglas claras ni un marco legal que regule ese mecanismo.
“El ministro habla de 8 millones de papeletas, pero no dice cuántas son necesarias, quién las va a entregar o quién las va a contar. No hay una conexión clara entre ese hecho político y el hecho jurídico que debe validarlo” dijo Gaona.
Y agregó: “Una papeleta que solo diga ‘¿Quiere usted cambiar la Constitución? Sí o no’, es una pregunta abierta. Y cuando el pueblo responda que sí, lo que venga después es incalculable. Puede ser una transformación que elimine derechos fundamentales, la separación de poderes, y derive en un régimen autoritario”.
Finalmente, el abogado deja una reflexión: “Este no es solo un debate jurídico. Es un debate político y moral. La pregunta que deben hacerse los ciudadanos es: ¿quieren ustedes un Estado sin oposición? Porque eso es lo que está en juego.”
