Los precios de los servicios públicos afectan a millones de hogares en Colombia y cualquier señal de presión sobre sus costos enciende alarmas tanto en familias como en empresas.
Es por ese motivo que una reciente advertencia de la Contraloría General de la República ha generado preocupación por posibles aumentos en las facturas de gas y energía, en medio de riesgos crecientes en el abastecimiento y la estabilidad del sistema.
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El organismo de control alertó esta semana sobre un escenario en el que podrían confluir problemas estructurales del sector energético con factores externos, lo que terminaría impactando directamente los precios que pagan los usuarios.
Según el informe sectorial ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030’, existen debilidades en almacenamiento, abastecimiento de hidrocarburos y generación eléctrica que comprometen la seguridad energética del país y la estabilidad tarifaria.
La Contraloría advierte que Colombia enfrenta un riesgo real de desabastecimiento energético debido a la ausencia de nuevos proyectos y al no pago de deudas acumuladas a los prestadores del servicio. Esta situación, sumada a retrasos regulatorios y debilidades institucionales, podría derivar en “riesgos de racionamiento energético, aumento de precios e inequidad”.
El impacto no sería menor. El encarecimiento de las tarifas de gas y electricidad afecta tanto a hogares como a industrias, elevando costos de producción, presionando la inflación y reduciendo la competitividad empresarial.
El tema no solo afectaría a los hogares, dado que en sectores intensivos en energía, como manufactura o agroindustria, estos incrementos pueden trasladarse a toda la cadena de valor.
El panorama del posible incremento de precios en gas y energía
El informe llega en un momento en que el entorno internacional también juega en contra. La persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos globales, elevando la competencia por hidrocarburos y combustibles.
A nivel interno, el país enfrenta una reducción sostenida en sus reservas. La autosuficiencia energética se ha acortado a 5,9 años en gas y 7,2 años en petróleo, en medio de un bajo ritmo de incorporación de nuevas reservas.
Además, el sistema ya muestra señales de dependencia externa. En 2024, solo el 67 % del gas extraído fue comercializado, lo que obligó por primera vez a importar gas natural licuado para cubrir la demanda interna.
Uno de los puntos críticos señalados por la Contraloría es la falta de sincronización entre la expansión de cobertura y la garantía de abastecimiento. Mientras se busca aumentar el número de usuarios conectados, no se asegura el suministro suficiente para atender esa demanda creciente.
A esto se suman retrasos en proyectos estratégicos, como las plantas de regasificación —especialmente en el Pacífico— y la falta de redundancia en el sistema de transporte de gas. Esto incrementa el riesgo de fallas en el suministro a partir de 2026, particularmente en regiones del interior del país.
También preocupa la limitada capacidad de almacenamiento de combustibles y gas, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias operativas o picos de demanda.
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En el frente eléctrico, aunque se han logrado avances en cobertura, persisten brechas significativas: más de 1,3 millones de viviendas aún no tienen acceso al servicio, y cerrar esta brecha requeriría inversiones superiores a $32 billones.
El deterioro de las condiciones de abastecimiento no solo afecta a los usuarios residenciales. Para el sector empresarial, el riesgo de mayores costos energéticos implica presión sobre márgenes, decisiones de inversión y competitividad internacional.
Adicionalmente, el aumento en la importación de combustibles —que ya representa cerca del 40 % en el caso de la gasolina— evidencia una dependencia creciente de mercados externos, lo que expone al país a choques de precios internacionales.
La eventual eliminación de subsidios en combustibles, en un contexto de mayor importación, también podría amplificar el impacto en los precios finales.
El llamado de la Contraloría en materia de gas y energía
La Contraloría fue enfática en su llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes que eviten escenarios de racionamiento y escalamiento de precios. Entre las recomendaciones se incluyen:
- Reactivar la exploración y producción de hidrocarburos
- Desarrollar infraestructura de importación y regasificación
- Fortalecer la capacidad de almacenamiento estratégico
- Mejorar la coordinación institucional y la ejecución de inversiones
Asimismo, agregó la Contraloría, el país deberá avanzar en fortalecer su soberanía energética, reducir su dependencia de importaciones y garantizar una transición energética que no comprometa el abastecimiento ni la estabilidad tarifaria.
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El mensaje es claro: sin decisiones estructurales y oportunas, el sistema energético colombiano podría enfrentar tensiones que terminarían reflejándose en el bolsillo de millones de usuarios. En adelante, el mercado y los hogares deberán estar atentos a la evolución de estos factores, que definirán el comportamiento de las tarifas en los próximos años.
