Este martes 9 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la fallida licitación de los pasaportes, uno de los episodios más controversiales de su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ente acusador lo señaló del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que tomó decisiones “abiertamente contrarias a la ley” durante el proceso contractual.
Durante la audiencia, la fiscal del caso cuestionó la actuación del exministro al declarar desierta la licitación para la producción y distribución de los pasaportes colombianos, pese a que —según la investigación— la oferta en curso ya había sido evaluada y habilitada.
“Usted sabía que estaba emitiendo una resolución carente de razones jurídicas”, le advirtió la investigadora, quien aseguró que Leyva actuó con el fin de “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una urgencia manifiesta, para contratar de forma directa”.
El ente acusador sostuvo que Leyva reasumió personalmente el control del trámite con un propósito específico: impedir la adjudicación a la empresa que cumplía los requisitos y había superado las evaluaciones técnicas y financieras.
Esa intervención, según la Fiscalía, alteró el curso normal de la contratación estatal y no respondió a criterios de legalidad ni al interés público, sino a una decisión “arbitraria” que desbordó las competencias del ministro.
La fiscal agregó que la conducta habría sido cometida “con conocimiento y con voluntad; es decir, con dolo directo”, y subrayó que para el momento de los hechos no existían situaciones excepcionales que justificaran la declaratoria de urgencia manifiesta por 12 meses, como lo hizo el entonces canciller.
Recomendado: Caso Nicolás Petro: Fiscalía imputó 6 nuevos delitos, mencionó reuniones con exministro y aplazó la audiencia
Leyva no acepta los cargos e insiste en su inocencia
Al ser interrogado por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Leyva no aceptó los cargos y reafirmó su inocencia. Su defensa ha sostenido que sus decisiones respondieron a la necesidad de garantizar transparencia y evitar controversias anteriores en el manejo de los pasaportes, aunque la Fiscalía sostiene que no había motivos legales para interrumpir el proceso.
