La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 8 de mayo la apertura de una investigación penal contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presuntos delitos relacionados con la administración pública.
La medida fue adoptada tras una denuncia presentada por la empresa Helicol, donde, según la empresa se habría estructurado un esquema de contratación que restringió la libre competencia. Según la denuncia, dicho esquema se habría diseñado mediante pliegos de condiciones que favorecían a la compañía Helistar.
De acuerdo con la información preliminar, Roa habría introducido requisitos específicos y presuntamente sesgados sobre la antigüedad de ciertas aeronaves, los cuales coincidían con las características de la flota disponible en Helistar en ese momento. Esta coincidencia, según Helicol, limitó la participación de otros competidores en igualdad de condiciones.
El caso ganó notoriedad pública cuando Ecopetrol adjudicó un contrato de transporte aéreo por un valor aproximado de $600.000 millones para cubrir operaciones en diversas zonas de extracción de petróleo.
En el marco de ese contrato, Helicol asumió la operación de la base ubicada en Paz de Ariporo, cuya participación representaba más del 20 % del valor total del acuerdo. Como parte de este, Helicol se comprometió a adecuar la base y a ampliar su capacidad operativa mediante la incorporación de nuevas aeronaves en un plazo de seis meses.
Posteriormente, Ecopetrol decidió terminar de manera anticipada el contrato con Helicol. La decisión fue sustentada por presuntos incumplimientos contractuales atribuidos a dicha empresa, entre ellos, la falta de licencias vigentes y de bases de operación para los helicópteros ofrecidos. No obstante, desde Helicol se consideró que la decisión fue arbitraria y carente de sustento técnico suficiente.
Recomendado: Ecopetrol ve posibilidad “muy alta” de ganar pleito con la DIAN por billonaria deuda
En respuesta a lo ocurrido, Helicol estaría evaluando la presentación de una reclamación por un monto estimado en 80.000 millones, en concepto de indemnización por perjuicios derivados de la terminación anticipada del contrato. Además, la empresa ha señalado que las condiciones contractuales se habrían estructurado con el propósito de beneficiar directamente a Helistar.
Por su parte, Ecopetrol ha defendido su actuación argumentando que la cancelación del contrato obedeció exclusivamente al incumplimiento de los requisitos técnicos y operativos establecidos. En su momento, la compañía afirmó que los helicópteros proporcionados por Helicol no contaban con la documentación necesaria ni con las bases logísticas requeridas para operar en las zonas asignadas.
