La crisis política y diplomática continua de Venezuela eleva el riesgo de un alza en el sufrimiento económico en el corto plazo, así como el potencial para una mayor división política en el ámbito nacional, según Fitch Ratings.
Protestas a gran escala y el reconocimiento de parte de múltiples países de la administración paralela encabezada por Juan Guaido podrían marcar un cambio significativo en la dinámica política del país, la cual se ha caracterizado hasta ahora por una oposición dividida y una permanencia sólida en el poder por parte de Nicolás Maduro.
Sin embargo, dijo que, dado el alcance de los retos económicos y el gran monto del incumplimiento de pago de deuda del soberano, “cualquier transición política tardaría en llevar a una reestructura de la deuda y en mejorar sustancialmente la situación económica”.
En el corto plazo, nuevas sanciones de Estados Unidos (E.E. U.U.) impuestas a la compañía petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) intensificarán la crisis económica.
Considera que es probable que la producción de petróleo decaiga más y con mayor rapidez, afectando el resultado económico, las exportaciones y los ingresos del gobierno.
La disrupción nacional por las protestas y la incertidumbre política, en su concepto, agravará las distorsiones económicas severas que se han acumulado por años y que acentúan la crisis humanitaria.
Las presiones políticas externas e internas sobre la administración de Maduro están creciendo de manera importante. La mayoría de los países en Latinoamérica y Europa, E.E. U.U., Canadá y Australia ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino.
Otros países han declarado ser neutrales respecto al gobierno legítimo de Venezuela, mientras que China, Rusia, Turquía y algunos más continúan reconociendo a Maduro como presidente.
La agencia aseguró que la posición de la milicia será clave para el futuro político del país y existe el potencial de un estancamiento prolongado y de posicionamientos intensificados.
Si Maduro permanece en el poder, es probable que las perspectivas por reformas para estabilizar la economía y terminar la hiperinflación disminuyan, al menos en el corto plazo.
Como se mencionó, las sanciones por parte de E.E. U.U. tendrán un impacto inmediato en el sector petrolero, lo cual podría conllevar mayores bajas en la producción petrolera que difícilmente se revertirían.
Actualmente, Venezuela exporta a E.E. U.U. aproximadamente 500.000 barriles al día. Estas exportaciones proveen a PDVSA y al gobierno de una liquidez crítica y, con el tiempo, podrían dirigirse a otros destinos, pero esto implicaría descuentos significativos y costos mayores para la compañía, estrechando los márgenes.
Además, las sanciones esencialmente impiden la reestructura de la deuda, al prohibir a entidades estadounidenses participar en nuevas emisiones de deuda de PDVSA o el gobierno.
Incluso en el caso de una transición política, la reestructura de la deuda probablemente sería un proceso largo, dijo Fitch.
Una transición política sería compleja y podría terminar en un proceso electoral. Asimismo, las preocupaciones de carácter humanitario serían el enfoque inmediato.
En el largo plazo, las instituciones políticas y económicas necesitarían reconstruirse. La naturaleza de múltiples tipos de acreedores, incluyendo tenedores de bonos soberanos y de PDVSA, prestamistas bilaterales (en especial, China y Rusia), multilaterales y acreedores privados, demostrará ser un obstáculo adicional para una reestructura exitosa. Algunos casos legales ya se procesan en cortes en E.E. U.U.
El plan económico de Guaidó incluye buscar apoyo financiero de organismos multilaterales, obtener préstamos bilaterales, reestructurar la deuda de Venezuela y traer de vuelta la inversión extranjera al sector petrolero del país. También busca eliminar los controles de divisas y privatizar activos estatales.
La estabilización económica será crucial después de años de deterioro. La hiperinflación, múltiples tasas cambiarias, pérdidas graves de capacidad productiva, incluida la del sector petrolero clave, han llevado a una contracción severa del producto interno bruto (PIB).
Un reto adicional, según la firma, será que la relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno venezolano ha sido prácticamente inexistente por años (la última Consulta del Artículo IV del FMI se ejecutó en 2004).
El FMI ha multado a Venezuela por no brindar información económica precisa (sin PIB, balance de pagos o estadísticas inflacionarias desde el cierre de 2015).
Un programa de estabilización, en conjunto con el FMI, podría tardar meses en completarse y aprobarse, aun asumiendo una transición ordenada del poder, advirtió Fitch.
Para el sector petrolero y la industria en general, una inversión significativa y sostenida será necesaria para estabilizar y aumentar la producción. PDVSA necesitará de una reestructuración total y brindar incentivos para la inversión privada. La capacidad institucional, un estado de derecho y estabilidad política serán clave tras años de instituciones del gobierno debilitadas. Para muchos inversionistas, estos factores políticos necesitarán establecerse antes de comprometerse con inversiones a gran escala.
En caso de que una transición política exitosa, combinada con reformas de estabilización económica, sea implementada, Venezuela podría tener un potencial significativo.
“El país posee las reservas comprobadas de petróleo más grandes del mundo, lo cual podría atraer inversión extranjera directa relevante. Asimismo, años de fugas de capital sugieren que grandes cantidades de activos privados venezolanos en el extranjero podrían regresar bajo las condiciones adecuadas, ayudando a impulsar la inversión y preparar el camino para un crecimiento económico sostenido”, concluyó.
