La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura.
Con esto, se busca determinar si esta implementó un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la prestación de los servicios de operación portuaria que realizan los diferentes agentes en el puerto de Buenaventura.
Asimismo, la SuperIndustria imputó cargos a cuatro personas naturales vinculadas con sociedad portuaria. Lea más Noticias Empresariales.
Lo anterior teniendo en cuenta que habrían facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado la infracción por la cual se investiga a la sociedad.
Los implicados son:
- Víctor Julio González, exrepresentante legal de la sociedad portuaria
- Fernando Arturo Aulestia, gestor comercial
- Jorge Andrés Gallegos, exgerente comercial
- Marco Antonio Vacca, jefe de planeación y operación terrestre senior
¿Qué se investigó?
La investigación se inició luego de que la SIC recibiera quejas presentadas por operadores portuarios, agencias de aduanas y usuarios del puerto de Buenaventura.
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También presentaron observaciones entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Comercio.
Con esto, la superintendencia investigó y encontró que, por lo menos desde 2013, la sociedad portuaria habría aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del puerto.
Allí habría implementado estrategias que le habrían permitido incrementar indebidamente su participación y la de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA) en actividades de operación portuaria.
Esta movida habría afectado a los usuarios y operadores de la terminal, quienes se vieron sometidos a restricciones para la movilización de contenedores.
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En la práctica, se encontraron con obstáculos para realizar el manejo de la carga y el doble cobro de algunos servicios portuarios (pesaje), entre otras afectaciones.
Además, la Sociedad Portuaria de Buenaventura habría dado un trato privilegiado a aquellos usuarios que contrataran directamente los servicios de operación portuaria con dicha firma o con sus empresas afiliadas.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de $100.000 millones por cada infracción al régimen de libre competencia, y a las personas naturales que sean halladas responsables de hasta de $2.000 millones por cada falta.
Vale señalar que contra esta decisión no procede ningún recurso contra la SuperIndustria.
Respuesta de la compañía
A propósito de esta comunucación, la Sociedad Portuaria de Buenaventura emitió un comunicado en el que respondió a lo dicho por la SuperIndustria.
Aseguró, inicialmente, que no ha sido notificada por parte de la entidad. Pero, una vez suceda esto, procederá a «ejercer su derecho de defensa, rindiendo los descargos correspondientes».
«La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ratifica su compromiso con el cumplimiento de la normatividad, prestando siempre servicios bajo el marco de la sana competencia, con el objetivo de aportar en el desarrollo del comercio exterior colombiano», concluyó.
