El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes la ley de rescate fiscal, que contempla nuevos impuestos a algunos bienes y servicios, pero también propone cambios en la estructura del Estado para reducir el gasto público. En conjunto, las medidas buscarían que el ajuste fiscal y el recaudo se ubiquen entre $36 billones y $40 billones durante 2027.
Sin embargo, la iniciativa necesita superar cuatro debates en el Congreso para convertirse en ley, así lo explicó Carlos Rodríguez, socio de la firma EsguerraJHR.
Entre las medidas están las facultades extraordinarias que tendría el presidente de la República si se aprueba la ley. Estas le permitirían, durante los seis meses siguientes a su entrada en vigencia, fusionar o suprimir ministerios y departamentos administrativos del Estado. Lo mismo podría ocurrir con superintendencias, agencias y unidades administrativas.
Lo anterior tendría como finalidad reasignar las competencias de las entidades y eliminar la duplicidad de funciones, es decir, reducir el gasto asociado a la burocracia estatal.
En parte esto responde a que Colombia enfrenta un déficit fiscal, es decir, una brecha entre los ingresos que recibe la Nación y sus gastos, en la que estos últimos superan los recursos disponibles. Congresistas como Óscar Darío Pérez señalaron que se necesita una reducción del gasto público de hasta $65 billones en cuatro años para aliviar las finanzas públicas.
Pero, volviendo al proyecto de ley de rescate fiscal, también plantea modificaciones en las partidas presupuestales destinadas a financiar los gastos de funcionamiento e inversión. Esto comprende tanto los recursos necesarios para que el Estado opere como aquellos dirigidos a ejecutar los planes de inversión pública.
“Las facultades extraordinarias de que se trata el presente artículo no comprenden la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas ni la creación de impuestos y no podrán ejercerse respecto de la planta de personal de la fuerza pública”, se señaló en el documento.
De otro lado, las entidades que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), así como las entidades descentralizadas que administren recursos públicos, tendrán restricciones para destinar recursos a pauta publicitaria.
Esta se limitaría a información sobre servicios, trámites, derechos y deberes, campañas de salud pública, procesos de selección y campañas de gestión del riesgo. Además, se realizaría preferentemente a través de los canales institucionales propios de cada entidad. La medida tendría como finalidad controlar los gastos destinados a publicidad estatal.
Por otra parte, el Gobierno también puso el foco en el reconocimiento y pago de horas extras, al establecer que deberá realizarse únicamente cuando sea estrictamente necesario. A la vez, habría mayores controles sobre los planes anuales de vacaciones de los funcionarios, el arrendamiento de instalaciones y los gastos de transporte aéreo. Incluso, el Gobierno limitaría el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje asociados a comisiones de servicio.
Otros de los gastos que se buscarían controlar son la adquisición de bienes muebles e inmuebles para las sedes de las entidades, los servicios de papelería y telefonía, los planes de celular, los datos y el acceso a internet. Incluso, las suscripciones a periódicos, bases de datos y revistas tendrían que contar con una justificación técnica y motivada. Adicionalmente, la sustitución de vehículos oficiales requeriría acreditar su necesidad.
A la vez, se crearía un programa para la movilización, optimización y enajenación de activos estatales, denominado Sistema de Información para la Gestión de Activos (SIGA), que sería administrado por la Central de Inversiones S. A. (CISA).
Este tendría que implementarse dentro de 45 días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la ley, en caso de ser aprobada por el Congreso, y actualizarse a más tardar durante los tres primeros meses de cada año. De los recursos que se obtengan mediante este mecanismo, 50 % deberá destinarse al pago del servicio de la deuda pública.
De otro lado, el Ministerio de Hacienda proyectó que el impacto fiscal de las medidas de ajuste del gasto público en fondos especiales y transferencias alcanzaría 0,39 % del PIB. La reducción de la contratación estatal y de los contratos por prestación de servicios representaría otro 0,19 %. En conjunto, el ajuste fiscal, sumando los diferentes rubros contemplados en el proyecto, alcanzaría 2,39 % del PIB.
Sobre el alcance de estas medidas, el abogado César Camilo Cermeño, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa y profesor de la Universidad de los Andes, señaló que el impacto fiscal de la iniciativa podría ubicarse en aproximadamente $40 billones, con base en las cifras del gobierno y el calculo del PIB del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por último, el Gobierno prevé que, para 2028, los gastos de personal de las entidades financiadas con recursos del PNG, excluidas las Fuerzas Militares, deberán reducir su crecimiento en 20 %. Para 2029 y 2030, estos gastos deberán crecer como máximo 0,5 puntos porcentuales por encima de la meta de inflación establecida en el PNG.
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En cuanto a los costos asociados a la contratación por prestación de servicios, el Ministerio de Hacienda señaló que se deberán realizar ajustes para reducir en 50 % estos gastos en 2027, frente a los registrados en 2026.
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