La multinacional española Gas Natural Fenosa decidió presentar una nueva demanda en contra de Colombia ante tribunales de arbitraje internacionales por el proceso de intervención que adelantó la Superintendencia de Servicios Públicos contra Electricaribe.
La demanda fue interpuesta el 15 de junio pasado ante el tribunal de justicia internacional de La Haya, que era el último día establecido para presentarla.
La empresa española le pidió al Estado un plazo adicional de seis meses para presentar la queja, pero Colombia no aceptó bajo el argumento de que la demanda debía ser presentada en los términos definidos por el tribunal.
El Estado tiene plazo hasta noviembre de este año para presentar los argumentos jurídicos.
Fuentes del Gobierno le dijeron a Valora Analitik que el caso está en manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que es liderada por el exsuperintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.
La fueron designados los tres árbitros que integrarán el comité arbitral. Quien defenderá a la empresa será el franco-estadounidense Eric Schwartz y por el Estado colombiano será el francés Alexis Moore.
La española argumenta que Colombia “expropió” a Electricaribe a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Como se sabe, el 14 de marzo de 2017, la Superintendencia ordenó la liquidación de Electricaribe, una empresa de la cual toda la región Caribe dependía para recibir electricidad y de la que Gas Natural Fenosa tiene el 85 % de las acciones.
Antes de que Electricaribe fuera intervenida, lo que ocurrió el 16 de noviembre de 2016, el tema ya era una bomba de tiempo.
El Gobierno aseguró que era evidente que la compañía no podría seguir respondiendo ante los usuarios y por eso la liquidó y comenzó el proceso para encontrar un inversionista nuevo.
La demanda presentada en 2017 está en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
La empresa española asegura que la decisión del Gobierno de acabar con ella es el resultado de las acciones y omisiones de Colombia que resultaron en la violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España.
El caso de Electricaribe causó además un remezón en el sistema financiero nacional que debió ejecutar millonarias provisiones para cubrir los préstamos entregados a Gas Natural y cuyos pagos fueron incumplidos.
(Con información de Valora Analitik, Blu y El Espectador)
