En el arranque del año electoral, la contratación estatal volvió a quedar bajo el foco público tras una denuncia del candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño, quien afirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó más de 100.000 contratos de prestación de servicios en el periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales.
En su declaración, el candidato agregó que se trataría de “maquinaria, burocracia militante y politiquería en medio de una crisis fiscal y económica”, un señalamiento que, por su magnitud, ya genera impacto en el debate sobre gasto público, transparencia institucional y uso electoral de la contratación.
Lea aquí más noticias sobre las elecciones presidenciales en Colombia 2026
“El gobierno Petro firmó antes de la entrada de ley de garantías 101.441 contratos de prestación de servicios con un costo de 6 BILLONES de pesos”, escribió Briceño en su más reciente actualización pública sobre este tema, publicada una vez entrada en vigencia esta norma.
Más de 101.000 contratos en enero: el dato que encendió la controversia
La información divulgada corresponde a contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa, específicamente en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
El consolidado señala que durante enero se suscribieron 101.441 contratos por un valor total de $6.085.308.564.348
Se trata de más de $6 billones comprometidos en apenas un mes mediante una figura legal, pero históricamente cuestionada por su flexibilidad y por los riesgos de uso político.
El volumen se concentró en las últimas semanas del mes de enero, lo que alimentó la discusión sobre posibles decisiones contractuales aceleradas antes del cierre normativo.
La polémica del Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: Congreso, consultas y presidencia
La polémica crece porque Colombia está entrando en el tramo decisivo de un año electoral completo. El 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán a las urnas para elegir Senado y Cámara de Representantes.
Ese mismo día, además, se realizarán de manera simultánea las consultas interpartidistas presidenciales, en las que distintas fuerzas políticas escogerán a sus candidatos únicos para la Casa de Nariño.
En el calendario oficial, las elecciones presidenciales también ya tienen fecha definida:
- Primera vuelta presidencial: 31 de mayo de 2026
- Segunda vuelta (si aplica): 21 de junio de 2026
Este encadenamiento electoral explica por qué la contratación pública en los meses previos se convierte en un asunto especialmente sensible.
¿Qué es la Ley de Garantías y qué busca evitar?
La Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) es el marco jurídico que busca garantizar igualdad entre campañas, especialmente en procesos presidenciales, regulando aspectos como la contratación estatal y el uso de recursos públicos.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá lo explicó en términos directos: “En palabras castizas, es el ‘freno de mano’ que pone la ley para asegurar que nadie use los recursos del Estado para favorecer a un candidato”.
Federico Ramírez, secretario de Gobierno, sostuvo además que esta norma, “es un pilar para la transparencia y la justicia electoral… consolidando así un proceso democrático más equitativo y confiable para todos los ciudadanos”.
Entre sus efectos principales se encuentran: restricciones a la contratación directa, congelamiento de convenios interadministrativos, limitaciones en movimientos de nómina y programas con potencial impacto político.
En ese sentido, la denuncia de Briceño resulta controversial por varias razones como el hecho de que se utilicen más de $6 billones en contratación por prestación de servicios en un mes se dan en un momento en el que el Gobierno enfrenta presiones sobre el déficit y el gasto corriente.
Le puede interesar leer: Gran Consulta y Pacto Amplio: así votarían los ciudadanos en las consultas interpartidistas
Asimismo, se genera polémica porque si bien los contratos por prestación de servicios son legales, suelen estar bajo sospecha por ser mecanismos temporales que pueden alimentar redes políticas y burocráticas, especialmente en periodos electorales.
Además, el hecho de que la contratación masiva se dé justo antes de consultas interpartidistas, elecciones legislativas y presidenciales refuerza las preguntas sobre la motivación administrativa versus el cálculo político.
Sin una respuesta oficial del Ejecutivo frente a la cifra denunciada por Briceño, el episodio anticipa uno de los asuntos más sensibles de aquí a marzo: el uso del gasto público en tiempos electorales, justo cuando el país se prepara para elegir Congreso, definir candidaturas presidenciales y luego acudir a primera vuelta en mayo.
En Colombia, donde la Ley de Garantías existe para impedir que el Estado incline la balanza democrática, la magnitud de estos contratos vuelve inevitable una discusión sobre transparencia, austeridad y control político del presupuesto.
