El gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector financiero llegaron a un acuerdo para responder económicamente a las comunidades afectadas por las lluvias en ocho departamentos.
Las medidas, que incluyen alivios y flexibilidad en los créditos vigentes, fueron el resultado de tres mesas de trabajo en las que participó el propio jefe de Estado, el equipo económico del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y representantes del sector bancario y financiero.
Entre los alivios acordados se destacan un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia, suspensión de reportes negativos a centrales de riesgo, suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos, y atención prioritaria con campaña de educación financiera.
En materia de nueva cartera, la política crediticia contempla 270.000 nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos estimados en $5,2 billones, dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario, turismo y otros.
El sector bancario se comprometió a incrementar en un 15 % tanto el número de créditos como el monto total de recursos en el plazo de un año.
Por su parte, el Gobierno ofrece garantías de hasta el 90 % y recursos de redescuento para que los bancos puedan ofrecer tasas de interés inferiores a la mitad de las tasas actuales del mercado, especialmente para la economía popular individual y asociativa, tanto rural como urbana.
Inversiones forzosas, el fantasma que ronda al sector bancario
El acuerdo se alcanzó en medio de una disputa de fondo entre el Ejecutivo y el sistema financiero, que tuvieron su segundo encuentro este jueves y en el cual participaron representantes de Asobancaria y los presidentes de Bancolombia, Davivienda, BBVA, el Grupo Aval y Banco Caja Social, junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el superintendente financiero.
El sector bancario llevó a esa reunión una propuesta de reactivación para las zonas afectadas, buscando evitar la imposición de inversiones forzosas y apostando en cambio por alivios financieros y nuevas líneas de crédito.
El ministro Ávila había recordado, días antes, que los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $8,7 billones en 2024, y que para 2025 esa cifra ascendió a $17,7 billones en el conjunto del sector —$14,2 billones solo en bancos—, lo que según el Gobierno justifica una contribución significativa del sector a la financiación de la emergencia.
La iniciativa responde a la emergencia decretada a raíz del frente frío registrado en febrero de 2026.
