El Gobierno De la Espriella anunció que adelantará una revisión gerencial e institucional de la gestión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), con el propósito de verificar el manejo de los recursos destinados a financiar la educación superior de los jóvenes colombianos.
El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Richard Caicedo, quien aseguró que, desde su llegada al cargo el pasado 18 de agosto, solicitó revisar los contratos e identificar el destino de los recursos comprometidos durante los últimos cuatro años.
Según el funcionario, los primeros resultados de esa revisión evidenciaron situaciones que requieren la intervención de los organismos de control. Caicedo señaló que la entidad atravesó recortes presupuestales cercanos a $1,75 billones y que el número de créditos aprobados pasó de 70.000 en 2024 a 10.621 en 2025. Además, indicó que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa de interés, una medida que habría afectado a cerca de 200.000 jóvenes.
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Uno de los principales cuestionamientos de la nueva administración está relacionado con un proyecto para implementar una cuenta de ahorro educativo voluntario, regulada por el Decreto 375 de 2018. La iniciativa buscaba ampliar el portafolio de servicios del Icetex y ofrecer a las familias colombianas una alternativa para ahorrar con miras a financiar la educación de sus hijos.
Sin embargo, de acuerdo con Caicedo, los estudios técnicos contratados para determinar su viabilidad concluyeron que el programa no era factible desde el punto de vista financiero. Para esta evaluación se destinaron más de $534 millones y el informe, entregado en septiembre de 2025, advirtió que los ingresos proyectados no serían suficientes para cubrir los costos operativos.
Pese a esas conclusiones, la administración anterior habría comprometido cerca de $83.700 millones en tres contratos relacionados con el proyecto: el estudio de factibilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo tecnológico.
El presidente del Icetex también cuestionó que el contrato de tecnología, previsto para ejecutarse durante cinco años, registrara entregas superiores al 50 % de su valor en menos de un año. Esto representaría aproximadamente $48.700 millones destinados a una plataforma que, según la nueva administración, no puede entrar en funcionamiento porque el producto carece de viabilidad financiera y no cuenta con un reglamento aprobado.
A esto se suma un contrato por $238 millones para la estructuración jurídica del reglamento, sobre el cual, según Caicedo, no se encontró evidencia de que el documento hubiera sido radicado o aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El funcionario también advirtió sobre el presunto compromiso de recursos del fondo de pasivos contingentes sin que se evidenciara la correspondiente autorización de la junta directiva.
Aumento de la contratación y los gastos administrativos
Otro de los aspectos señalados por la nueva administración es el crecimiento de la contratación por prestación de servicios. Entre 2022 y 2026, el número de contratistas del Icetex habría aumentado en un 80 %, mientras que los gastos asociados a estos contratos superaron los $70.000 millones durante el último año.
De acuerdo con Caicedo, el gasto en contratación registró un incremento superior al 140 %. El funcionario cuestionó que estos recursos se destinaran a gastos internos mientras disminuían las posibilidades de acceso al crédito educativo para los estudiantes.
Frente a este panorama, aseguró que su administración trabaja en la reducción de los gastos administrativos y en la revisión de los contratos, bajo criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Finalmente, el presidente del Icetex anunció que pondrá el informe en conocimiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales por las presuntas irregularidades contractuales y un posible detrimento patrimonial.
