El Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), anunció la modernización del marco normativo que regula la forma en que las compañías reportan y certifican los recursos y reservas de hidrocarburos en Colombia.
La medida, que reemplaza a la Resolución 77 de 2019, tendría como propósito consolidar un sistema de información más robusto, transparente y alineado con estándares internacionales, buscando, según la ANH, reforzar la seguridad energética de Colombia en medio de la transición hacia una economía baja en carbono.
De acuerdo con la Agencia, la actualización responde a la evolución del Petroleum Resources Management System (PRMS), el estándar internacional definido por la Society of Petroleum Engineers (SPE), que fue revisado en 2018 y reforzado en 2022.
Colombia lo adoptó en 2008 y desde entonces lo ha incorporado en sus lineamientos normativos para la estimación de reservas.
La nueva resolución no modifica la metodología de cálculo vigente, pero sí elevaría las exigencias en materia de calidad, oportunidad y forma de entrega de los datos que las compañías operadoras deben suministrar al Estado.
Hidrocarburos en Colombia: ¿reportes más completos y exigencias a las operadoras?
El nuevo marco establece que todas las empresas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia deberán entregar a la ANH, a más tardar el 1 de abril de cada año, un Informe de Recursos y Reservas (IRR) con corte a 31 de diciembre.
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Dicho informe deberá contener la información de recursos prospectivos, recursos contingentes y reservas probadas por campo, respaldada con un conjunto detallado de documentos:
- Cartas de presentación y adhesión de los socios
- Certificaciones de reservas
- Informes del operador
- Tablas técnicas sobre prospectos convencionales y no convencionales
- Información de gas, gráficos, planos y mapas
Con el fin de garantizar rigor técnico, la norma establece que los campos que cuenten con reservas probadas iguales o superiores a un millón de barriles de petróleo equivalente deberán ser certificados por compañías externas con experiencia internacional y evaluadores calificados (QREs) bajo los lineamientos de la SPE.
En el caso de campos con volúmenes menores, las compañías podrán certificar internamente sus reservas, siempre que el proceso lo lideren profesionales independientes y con formación acreditada.
La ANH también se reserva la potestad de ordenar auditorías especiales en casos donde detecte inconsistencias en la información, variaciones superiores al 10 % en los reportes de un mismo campo o cuando considere que las metodologías empleadas no cumplen con las mejores prácticas de la industria.
Estas auditorías deberán ser realizadas por firmas distintas a las que hicieron la evaluación original, con el fin de garantizar imparcialidad y objetividad.
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El vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, Rafael Fajardo, señaló que la modernización normativa responde al compromiso de fortalecer la institucionalidad y la confianza en los datos oficiales.
“Con esta actualización buscamos garantizar que la información sobre los recursos y reservas de hidrocarburos de Colombia sea más clara, comparable y confiable, lo que redunda en mejores decisiones estratégicas tanto para el Estado como para el sector productivo”, afirmó.
El funcionario subrayó que Colombia ya cuenta con un marco consolidado en esta materia.
Desde 2008 las empresas tienen la obligación de reportar sus reservas; desde 2014 se exige la certificación externa para volúmenes iguales o superiores a un millón de barriles; y desde 2019 rige la figura de carta de adhesión entre socios, que asegura que todos los participantes de un contrato compartan y validen la información entregada.
El sistema colombiano, agregó Fajardo, ha demostrado ser sólido y confiable: en el más reciente informe con corte a diciembre de 2024, el 98 % de las reservas probadas reportadas fueron certificadas por firmas externas internacionales.
Buscando la seguridad energética
De acuerdo con la ANH, la actualización de la Resolución 77 de 2019 no representa costos adicionales para las compañías operadoras ni cambios en la metodología de cálculo.
Su propósito, en línea con la entidad, es asegurar un flujo de información más estandarizado que le permita al Estado proyectar con mayor certeza la disponibilidad de hidrocarburos, anticipar escenarios de abastecimiento y tomar decisiones de política pública en un entorno marcado por la transición energética.
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Por un lado, le brinda al Gobierno herramientas para diseñar políticas de inversión y de seguridad energética; por el otro, permite evaluar con mayor precisión el rol que tendrán los hidrocarburos en la transición hacia fuentes más limpias, sin poner en riesgo la estabilidad del suministro.
La ANH también estableció consecuencias para quienes incumplan los plazos o entreguen información incompleta.
En estos casos, los volúmenes reportados extemporáneamente quedarán por fuera de la consolidación oficial y no serán tenidos en cuenta para efectos de regalías, cálculos de fondos de abandono ni para incentivos tributarios o contractuales.
Además, la entidad podrá iniciar procesos sancionatorios.
“Nuestro compromiso es con la institucionalidad y con el manejo responsable de los recursos naturales de la Nación. Los informes de recursos y reservas seguirán siendo elaborados bajo estándares internacionales estrictos y con certificación externa”, remarcó Fajardo.
