En el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) 2025, se anunció que este año se abriría licitación para el aeropuerto de Cali Alfonso Bonilla e incluiría el aeropuerto de Buenaventura.
Solicitud que había hecho meses atrás la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro: “Esperamos que de aquí a diciembre podamos tener abierta la nueva IP, que es muy importante para nosotros porque queremos jugadores de todas partes del mundo que puedan venir a operar al aeropuerto Alfonso Bonilla y Aragón. Es muy importante que la podamos sacar adelante, incluyendo la segunda pista, que incluya a Buenaventura”, dijo en su momento la gobernadora.
Este nuevo contrato es una nueva concesión para ambas terminales aéreas, la iniciativa privada, presentada hace varios meses, está siendo evaluada por el Gobierno y si todo sale bien se contrataría entre junio y julio de 2026. Así las cosas volvería a concesión después de ser revertida a la Nación.
El traslado del aeropuerto de Cali al Gobierno
Vale recodar que, en septiembre, la Aeronáutica Civil de Colombia asumió oficialmente la operación pública del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la terminal ubicada en Palmira que presta sus servicios a Cali y a buena parte del suroccidente del país.
Para ese relevo, la Aerocivil adelantó un proceso de empalme con la concesión Aerocali S.A., que estuvo al frente durante 25 años. En paralelo, se proyectaron en detalle las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la operación: seguridad aeroportuaria, atención médica, mantenimiento de la infraestructura, control de fauna, servicios al usuario y el sistema de salvamento y extinción de incendios (SEI).
El plan de operación pública contempla una inversión inicial estimada de $44.908 millones durante un periodo de entre 6 y 8 meses, ampliable hasta cerca de $90.000 millones si la transición se extiende a unos 11 meses.
Ese plazo dependerá del cronograma que adelante la ANI para estructurar la concesión.
En talento humano, la Aerocivil dispuso un equipo integrado por 122 funcionarios misionales, incluidos 58 controladores de tránsito aéreo y 45 bomberos aeronáuticos, además de personal especializado en operaciones, mantenimiento y seguridad. A esto se suma la contratación de personal de apoyo y la implementación de la estrategia de “Operación Espejo”, un mecanismo para mitigar riesgos no previstos.
Ahora bien, mientras la Aerocivil asegura la operación pública, el Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Transporte y la ANI— avanza en la estructuración de la nueva concesión que definirá el futuro del aeropuerto.
