La polémica por los nombramientos de notarías en la recta final del gobierno de Gustavo Petro se trasladó al proceso de empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Mientras representantes de los notarios de carrera pidieron suspender las nuevas designaciones interinas- que se viene haciendo- hasta el cambio de gobierno; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, defendió las designaciones, pero reconoció que el sistema debería reformarse para que el nombramiento de notarios deje de ser una facultad del presidente y pase a un órgano colegiado.
En entrevista con Caracol Radio sostuvo que los procesos son adelantados por la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras que el Ministerio únicamente verifica el cumplimiento de los requisitos legales antes de firmar los decretos.
La polémica erosionó porque los representantes de los notarios de carrera enviaron una carta al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y al coordinador del sector Justicia del empalme, Iván Alfonso Cancino, solicitando que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro se abstengan de promover nuevos nombramientos de notarios interinos durante la transición.
La petición busca que se aplique el mismo criterio que la comisión de empalme ha solicitado para otros cargos estratégicos del Estado: evitar designaciones de última hora que puedan comprometer al próximo gobierno.
En su lugar, pidieron que se respete el derecho de preferencia de los notarios de carrera cuando exista un único aspirante para una vacante y, en los demás casos, se acuda a la figura del encargo para garantizar la continuidad del servicio.
Los notarios sustentaron su solicitud en la Constitución, la Ley 588 de 2000 y un auto del Consejo de Estado de junio de 2025, que ratificó el derecho de preferencia de los notarios de carrera. Además, cuestionaron que durante el último año se hayan realizado múltiples nombramientos interinos, pese a esas decisiones judiciales.
Consultado sobre la polémica, el ministro de Justicia explicó que la cartera no interviene en los procesos de selección de notarios.
«Las noticias que han salido en estos días sobre los contratos o nombramientos de la Superintendencia de Notariado, el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con eso. No participa en los comités de contratación ni en esos procesos», afirmó.
Cuervo explicó que al despacho ministerial únicamente llegan los decretos para su firma, una vez la Superintendencia verifica que los candidatos cumplen los requisitos legales.
«Yo reviso los antecedentes, que tengan la formación, la experiencia y que no registren sanciones disciplinarias. Si cumplen esos requisitos, firmo el decreto y pasa a la Presidencia», señaló.
Incluso aseguró que devolvió algunos expedientes porque los aspirantes no acreditaban la experiencia exigida por la ley.
Sobre las críticas de que las notarías estarían siendo utilizadas para pagar favores políticos, Cuervo reconoció que la mayoría de los nombramientos recientes corresponden a cargos en interinidad o provisionalidad.
En ese sentido, afirmó que el próximo gobierno tendrá la facultad de revisar esas decisiones.
«Si el próximo gobierno considera que alguna de esas personas no es idónea desde el punto de vista ético, puede revocar esos nombramientos», sostuvo.
El empalme de Justicia y el precio de las megacárceles
En cuanto al proceso de empalme, Iván Cuervo entregó un panorama general del estado del sector y de los principales retos que enfrentará la nueva administración.
Cuervo explicó que el Ministerio de Justicia actúa como cabeza del sector en materia de política pública, pero aclaró que entidades como el Inpec, la Uspec, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuentan con autonomía administrativa, razón por la cual insistió en que el Ministerio no participa directamente en procesos como la contratación o la selección de notarios.
Uno de los temas centrales de la conversación fue el sistema penitenciario. Cuervo le expresó a Cancino sus reparos frente a la propuesta del nuevo gobierno de construir megacárceles, al considerar que una prisión con capacidad para 10.000 personas tendría un costo cercano a $1 billón y tardaría entre tres y cuatro años en construirse.
Además, sostuvo que Colombia no requiere ese tipo de infraestructura, pues los internos de máxima seguridad representan una proporción reducida de la población carcelaria. En su concepto, la prioridad debe ser modernizar las cárceles existentes, fortalecer la tecnología, mejorar los controles biométricos y reforzar los sistemas de inteligencia para prevenir fugas y actividades delictivas al interior de los establecimientos penitenciarios.
El ministro saliente también defendió la gestión del Gobierno Petro en materia carcelaria y afirmó que deja una «normalidad penitenciaria». Como respaldo a esa afirmación, señaló que durante los cuatro años de gobierno no se registraron masacres en centros penitenciarios, que las fugas fueron reducidas y que la gran mayoría de las personas que escaparon fueron posteriormente recapturadas.
Aunque reconoció episodios como las fiestas realizadas por algunos internos, sostuvo que fueron situaciones puntuales frente a un sistema que, a su juicio, mantuvo indicadores de estabilidad.
Otro de los asuntos abordados fue la crisis de los centros de detención transitoria. Cuervo explicó que buena parte del hacinamiento en estaciones de Policía no depende del Inpec, sino de la falta de infraestructura por parte de alcaldías y gobernaciones para albergar a las personas sindicadas.
En ese sentido, indicó que le transmitió a Cancino la necesidad de que los entes territoriales asuman un mayor compromiso en la construcción de estos centros y reveló que el Gobierno dejó planteada la posibilidad de destinar recursos del Sistema General de Participaciones para financiar ese tipo de infraestructura.
Finalmente, Cuervo aseguró que también compartió con el próximo ministro la importancia de mantener la política de resocialización impulsada durante este gobierno y destacó que deja una relación estable con los sindicatos del Inpec, luego de la aprobación del régimen pensional para los guardianes penitenciarios y de varios años sin conflictos de gran magnitud con esas organizaciones.
