La reciente actualización del listado de tecnologías excluidas del sistema de salud en Colombia por parte del Gobierno Petro, oficializada mediante la Resolución 695 de 2026, volvió a poner en el centro del debate el alcance real del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y sus efectos sobre pacientes, prestadores y sostenibilidad financiera.
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Firmada el 16 de abril por el Ministerio de Salud, esta resolución redefine qué tratamientos, medicamentos y servicios dejarán de ser financiados con recursos públicos, en línea con criterios técnicos, científicos y de eficiencia del gasto.
Según el propio documento, el objetivo es excluir aquellas tecnologías que “carezcan de evidencia científica, autorización competente o que respondan a fines meramente cosméticos o experimentales”.
Sin embargo, más allá de procedimientos estéticos y terapias sin respaldo clínico, la decisión también impacta medicamentos utilizados en el manejo del dolor, lo que ha generado una reacción inmediata del sector médico.
La resolución actualiza un listado que ya superaba las 114 tecnologías excluidas del financiamiento público, incorporando nuevos servicios y medicamentos tras un proceso técnico-científico que incluyó participación ciudadana en 25 departamentos y Bogotá.
Entre las decisiones más sensibles está la exclusión de combinaciones analgésicas como el acetaminofén con codeína y el acetaminofén con hidrocodona en determinados contextos clínicos, particularmente en dolor neuropático, tal como se detalla en el anexo técnico .
Estas combinaciones han sido históricamente utilizadas como una opción intermedia en el tratamiento del dolor, entre analgésicos básicos y opioides de mayor potencia, lo que las convierte en una pieza clave dentro de los esquemas terapéuticos.
Advertencia del gremio médico sobre exclusiones en salud del Gobierno Petro
Frente a este cambio, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) emitió un comunicado público en el que advierte sobre los efectos que podría tener la medida en el acceso a tratamientos y en la práctica clínica.
El gremio señaló que la exclusión de estas tecnologías “podría generar impactos en el manejo clínico del dolor en diferentes contextos asistenciales”, al eliminar alternativas terapéuticas intermedias.
Además, advirtió que esta decisión puede crear un “vacío terapéutico”, que se traduciría en el subtratamiento del dolor o en el uso anticipado de opioides más fuertes, con mayores riesgos de efectos adversos y dependencia.
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Para los pacientes, podría traducirse en mayores gastos de bolsillo o en limitaciones para acceder a tratamientos adecuados. Para los médicos, implicaría restricciones en la autonomía clínica al momento de elegir terapias basadas en la evaluación integral de cada caso.
La S.C.A.R.E. enfatizó que el dolor es una condición compleja y multifactorial, en la que pueden coexistir componentes nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos. En ese sentido, decisiones regulatorias basadas únicamente en clasificaciones diagnósticas “pueden no reflejar la realidad clínica”, especialmente en casos de dolor oncológico, postoperatorio, dolor mixto o en pacientes en cuidados paliativos.
El trasfondo de la decisión responde a una lógica de sostenibilidad financiera del sistema. El Ministerio de Salud ha reiterado que la actualización del listado de exclusiones busca concentrar los recursos en intervenciones con evidencia clínica comprobada y mayor impacto en salud pública.
No obstante, el gremio médico advierte que este enfoque podría afectar el equilibrio entre eficiencia económica y calidad de atención. Según el comunicado, la medida podría impactar “la autonomía médica, el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud, la seguridad del paciente y los resultados clínicos en el manejo del dolor”.
Adicionalmente, se alertó sobre un posible impacto en la equidad, especialmente en poblaciones vulnerables, al limitar el acceso a opciones terapéuticas costo-efectivas.
Ante este escenario, la S.C.A.R.E. elevó una solicitud formal al Ministerio de Salud en la que propone la reconsideración y eliminación de la exclusión de estas tecnologías, la expedición de ajustes normativos, la convocatoria de mesas técnicas con participación de sociedades científicas y la definición de excepciones clínicas en caso de mantenerse la medida, especialmente para pacientes con dolor mixto, dolor oncológico, dolor crónico complejo o en cuidado paliativo.
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El gremio también hizo un llamado a que en decisiones altamente especializadas “el criterio técnico y la evidencia científica tengan un peso prevalente”. La Resolución 695 de 2026 ya entró en vigencia y reemplaza la normativa anterior, marcando un nuevo punto de referencia para la cobertura en salud en Colombia.
Sin embargo, el propio Ministerio ha dejado claro que este listado no es definitivo. Las exclusiones seguirán siendo revisadas periódicamente en función de nueva evidencia, avances tecnológicos y cambios en las necesidades de la población.
Lea la resolución completa del Ministerio de Salud haciendo clic en este enlace.
