Una de las políticas que más han citado el presidente, Gustavo Petro, y sus funcionarios es la del apoyo a la economía popular, entendida como los oficios y ocupaciones personales, familiares o de micronegocios. Recientemente, el Gobierno presentó un informe de avances en diferentes programas.
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Respecto a la colocación de recursos, en el marco del pacto por la democratización del crédito, lanzado en octubre de 2024, se han desembolsado 60.577 préstamos por $802.000 millones, lo que implica que el saldo de la cartera ha crecido un 34 %.
El 63 % de estas operaciones se han dirigido a personas de los estratos 1 y 2, y el 22 % a personas del estrato 3. Sin embargo, el 78 % de los desembolsos se han concentrado en la región Andina en medio de un esfuerzo por llevar recursos a otras regiones del país.
La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, destacó además que se ha acercado la oferta de fondeo de crédito de las entidades de redescuento a las cooperativas a través de la banca de segundo piso y el Fondo Nacional de Garantías, entre otras que ayuden a crear canales de acceso al crédito asociativo y productivo.
Particularmente, el Banco Agrario ha desembolsado más de $1,7 billones en créditos dirigidos a más de 413.000 colombianos que pertenecen al sector de la economía popular y ha vinculado 149.000 nuevos clientes que no estaban en el sistema financiero.
El presidente de la entidad, Hernando Chica Zuccardi, informó que instrumentos como la billetera digital BICO, que ya cuenta con más de 327 mil usuarios y la Cuenta de Ahorro Digital han sido clave para acercar los servicios bancarios a poblaciones tradicionalmente excluidas, con especial énfasis en zonas rurales y segmentos vulnerables.
Garantías financieras y cambios en la regulación
Por su parte, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) ha otorgado 1.619.745 garantías dirigidas a economía popular por un valor de $5,17 billones, entre el 7 de agosto de 2022 y el 19 de junio de 2025, principalmente al sector comercio al por menor (tiendas, peluquerías, restaurantes, etc.).
Así mismo, la entidad ha establecido vínculos con 260 intermediarios financieros de diversa naturaleza jurídica y nivel de vigilancia para facilitar el acceso a fuentes de financiación formales para las actividades de la economía popular.
En lo referente a la normatividad, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) ha venido desarrollando acciones regulatorias desde 2022, como la expedición decretos que fijaron condiciones para la asociación de mipymes a cooperativas financieras y a cooperativas de ahorro y crédito.
Además, recientemente, la entidad presentó al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República una propuesta normativa orientada a regular los sistemas de pago de bajo valor de las cooperativas de ahorro y crédito para fomentar el desarrollo de este ecosistema.
Mónica Higuera, directora de la entidad, destacó avances en la modernización de la estructura del sector y de su marco regulatorio prudencial, la consolidación de su red de seguridad financiera y su reconocimiento como vehículo de inclusión financiera y crediticia.
En un comunicado conjunto, el Grupo Bicentenario, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) destacaron que los actores de la economía popular tienen el potencial de contribuir a la superación de la pobreza, irrigar recursos que fomenten el emprendimiento, el desarrollo de proyectos productivos de baja escala y la reactivación de la economía.
El presidente del Grupo Bicentenario, César Sánchez, concluyó que, gracias al trabajo articulado de las empresas del Grupo Bicentenario, se ha logrado acercar el crédito formal a miles de colombianos que históricamente han estado por fuera del sistema financiero, priorizando a los microempresarios, los emprendedores, las mujeres, las comunidades rurales y los territorios más apartados.
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