Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló a cuentagotas la declaratoria de emergencia económica tras la caída de la reforma tributaria.
Horas después se conoció el borrador del texto, con el que se busca conseguir más de $16 billones que le hacen falta al Presupuesto General de la Nación para el próximo año. El borrador incluye un incremento temporal al impuesto del 4×1.000, con lo que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) subiría al 5×1.000 de forma temporal durante el año gravable 2026.
El borrador conocido por Valora Analitik también propone nuevas tarifas para el impuesto al patrimonio en personas naturales y empresas para 2026. Otras empresas que quedaron en la mira del Gobierno fueron las del sector de hidrocarburos, pues con el decreto se crearía un «impuesto especial para la estabilidad fiscal» del 1 % en las ventas o exportaciones.
Vale mencionar que este decreto levanta serios cuestionamientos institucionales por el momento elegido para su expedición, pues la declaratoria se produce justo cuando la Corte Constitucional entra en vacancia judicial, un periodo en el que el alto tribunal no puede pronunciarse de fondo sobre los decretos y artículos que emita el Ejecutivo al amparo de esta figura excepcional.
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¿Qué dicen empresarios y expertos?
Luis Fernando Mejía, quien hasta el 31 de diciembre será el director de Fedesarrollo, consideró que “no existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional”.
De acuerdo con Mejía, los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3 % del presupuesto para 2026, por lo que es «imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país”, tal como precisa la Constitución en su artículo 215.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), afirmó que no hay razones para la declaratoria y dijo que: “La ley que rige el presupuesto dice que cuando una ley de financiamiento no es aprobada, el gobierno debe aplazar el gasto o debe recortarlo”.
El líder gremial también consideró que “en este momento es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana”.
En esta misma línea, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aceptó que “sí hay fragilidad fiscal. Pero eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica. No es ideología, son reglas de juego”.
Corte podría reunirse de manera extraordinaria
Teniendo en cuenta que, la norma sería expedida en medio de la vacancia judicial, Blu Radio reveló que la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Jorge Enrique Ibañez podría citar a una sala plena extraordinaria, que se daría la próxima semana.
El objetivo sería comenzar el trámite de la discusión de la emergencia económica, en el escenario que el Gobierno Petro expida el decreto.
En esta misma línea, Lacouture pidió a la Corte que, “cuando se emitan los decretos de emergencia económica, tal como lo anunció el Gobierno, que conforme a la discreción y reglamento de la Corte”, sesione excepcionalmente para analizar este debate.
