La discusión sobre el aumento de la Unidad de Pago por capacitación (UPC), el valor que paga el Estado a cada EPS por cada paciente, arranca a dar las primeras proyecciones por parte de gremios de salud y sector empresarial.
El análisis de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) consideró el gasto en salud reportado en 2024, el ajuste por inflación y el crecimiento de las frecuencias, siguiendo la metodología actual aprobada para este ejercicio.
Producto de ese análisis, la UPC del régimen contributivo para 2026 debería ajustarse en 17,33 %, lo que implicaría recursos adicionales por $15,3 billones.
Es decir, que a partir del 1 de enero la UPC legal en el Régimen contributivo debería ser de $1.785.164 y en el Régimen subsidiado de $1.552.403, si se aplicara la misma proporción de ajuste.
Las primeras diferencias en los cálculos de la UPC
El gremio sostuvo que, durante el análisis de calidad de la información, el Ministerio y sus equipos eliminaron un número significativo de registros, es decir, servicios reales prestados a pacientes y que hacen parte del gasto.
Para las EPS afiliadas a Acemi:
- Se excluyó el 6,3 % del gasto reportado.
- Ese porcentaje equivale a más de $2,1 billones.
- Son costos que sí ocurrieron en la realidad, pero no serán tenidos en cuenta para calcular la UPC.
También indicó que el ministerio incorporó en el cálculo ciertos análisis hechos por Adres como “ejercicios de contraste, pero que no tiene la competencia técnica o legal para definir o ajustar la metodología de la UPC y que habría errores metodológicos.
Del mismo modo, citan cifras a tener en cuenta por el Gobierno Nacional: “Las EPS reportaron a la Superintendencia de Salud que, a octubre de 2025, el sistema registró la mayor siniestralidad de su historia, superando el 111 %, con resultados especialmente negativos en las EPS intervenidas y sin datos de la Nueva EPS”.
Se proyecta que el déficit del sector alcance los $9 billones en 2025, acumulándose con carteras pendientes de años anteriores. Acemi recuerda que la Corte Constitucional ordenó recalcular la UPC desde 2021 y revisar la metodología, además de garantizar el pago oportuno de los Presupuestos Máximos, pero afirma que estas órdenes han sido incumplidas por el Gobierno.
Por último, la agremiación dice que el dinero podrá salir del Presupuesto General, el cual contempla $10,5 bullones y otras fuentes como contribuciones parafiscales y rentas territoriales.
En otra línea, la ANDI estima que la UPC 2026 debe crecer al menos 15,6% para empezar a estabilizar el sistema de salud, un porcentaje un poco más reducido.
“Cualquier cifra inferior profundizará la crisis: cada punto porcentual por debajo de este ajuste significará recortarle al sistema cerca de $890.000 millones en recursos vitales”, agrega la ANDI.
Los empresarios dicen que la buena noticia es que es un ajuste real y posible financieramente.
“Es responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda definir un incremento que reconozca la realidad del envejecimiento poblacional y la inflación, evitando así la quiebra técnica de un sistema que hoy tiene al 47 % de la población afiliada a entidades intervenidas”, concluye la ANDI.
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