A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, las firmas encuestadoras afinan sus últimas mediciones para tomarle el pulso a la contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el proceso de recolección de información enfrenta obstáculos en distintas regiones del país.
Víctor Muñoz, gerente de Guarumo, aseguró que realizar encuestas presenciales se ha vuelto cada vez más complejo en el tramo final de la campaña electoral debido a restricciones locales y problemas de orden público.
“Está siendo cada vez más complejo realizar encuestas presenciales en este tramo final de la campaña electoral. Hay municipios donde las autoridades locales afirman que se requiere autorización previa para encuestar. Otros donde, por razones de orden público, se recomienda a los equipos retirarse antes de que ocurra algún incidente. Y existen zonas del país a las que simplemente no es posible acceder”, afirmó Muñoz.
Pese a estas dificultades, la firma señaló que ya supera los 1.500 registros recolectados para su próxima medición. Según explicó, cuando existen territorios donde el trabajo de campo no puede desarrollarse, se activan procedimientos técnicos previamente definidos que permiten reemplazar zonas o municipios dentro de la muestra para garantizar la representatividad estadística.
Guarumo tiene previsto publicar una única encuesta durante la campaña de segunda vuelta. Según pudo establecer este medio, los resultados serían divulgados el próximo 13 de junio.
Las críticas a la regulación de las encuestas
Las advertencias de Guarumo se producen en medio de las críticas que continúan despertando las nuevas reglas para la elaboración y divulgación de encuestas electorales, conocidas por sus detractores como la «ley mordaza».
La normativa, aprobada por el Congreso, introdujo nuevas exigencias para las firmas encuestadoras y dio pie a regulaciones complementarias expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde distintos sectores se ha cuestionado que estas medidas podrían restringir la publicación de sondeos y dificultar el trabajo técnico de las empresas dedicadas a medir la opinión pública.
Los críticos sostienen que, además de la ley aprobada por el Legislativo, las resoluciones expedidas por el CNE han endurecido los requisitos para la realización de encuestas. También cuestionan que la Comisión de Expertos creada para supervisar estos procesos aún carece de reglas de funcionamiento y criterios plenamente definidos.
Mientras tanto, la Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, una decisión que podría definir el alcance de las restricciones que regirán las encuestas electorales en futuras campañas.
