La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia movieron piezas que sacuden el corazón del petrismo: imputaciones a exfuncionarios de alto nivel, capturas de congresistas recién reelegidos y un prófugo de Interpol que sigue sin paradero conocido.
Juliana Guerrero vuelve a esquivar la justicia
La Fiscalía pretende imputarle los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, por haber presentado presuntamente dos títulos universitarios irregulares expedidos por la Fundación San José para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad
Por segunda vez en menos de dos semanas, la exfuncionaria del Ministerio del Interior Juliana Guerrero no se presentó a su audiencia de imputación de cargos ante el Juzgado 79 de control de garantías de Bogotá.
La primera incomparecencia había sido el 27 de febrero. Esta vez, la jueza leyó en audiencia una carta que Guerrero envió minutos antes de la hora programada, en la que solicitaba una nueva reprogramación argumentando que no había podido conseguir un abogado de su confianza.
El detalle que más llamó la atención fue el siguiente: el mismo día anterior a la audiencia, Guerrero sí participó activamente en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para elegir, en su calidad de delegada del presidente de la República.
Ricardo Roa, el primer golpe
El miércoles 11 de marzo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recibió su primera imputación de cargos en una audiencia virtual ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.
El cargo: tráfico de influencias de servidor público, en el marco de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.
Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente. Su defensa, a cargo del abogado Juan David León, cuestionó la claridad de los hechos jurídicamente relevantes y pidió al juez no avalar la imputación. El juez, sin embargo, la legalizó.
Lo significativo es que esta fue apenas la primera de dos imputaciones programadas para la semana. Este jueves 12 de marzo, Roa debe comparecer a una segunda audiencia relacionada con la presunta violación de los topes de financiamiento electoral en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que fue gerente.
César Manrique sigue prófugo, pero la justicia avanza sin él
César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue imputado y continúa prófugo en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD y mantiene vigente una orden de captura para cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un juzgado de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra, al considerar que la Fiscalía demostró con suficiencia que Manrique sí hace parte del entramado ilegal para saquear la UNGRD. Interpol ya emitió circular roja en su contra, visible en más de 190 países.
La Corte Suprema hunde a Manzur y Manrique —y sacude el Congreso recién electo
La decisión más contundente de la semana llegó también el miércoles 11, tres días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que ambos fueron reelegidos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curules de Paz) por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Según el expediente, los congresistas habrían aceptado dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En concreto, las pesquisas señalan que en diciembre de 2023 se habrían acordado proyectos de obra ejecutados por la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar como contraprestación por el respaldo legislativo a créditos internacionales promovidos por el entonces ministro Ricardo Bonilla.
Los hechos activarían la figura de la silla vacía, que impide el reemplazo de un parlamentario capturado por delitos relacionados con corrupción contra la administración pública. Sus partidos no solo perderían las curules actuales —quedarían vacías hasta el 20 de julio—, sino que el futuro de sus escaños en el nuevo Congreso que se posesiona ese mismo día queda en el limbo judicial.
