Uno de los reclamos más frecuentes por parte de los conductores sancionados con multas de tránsito tiene que ver con los elevados costos de los trámites de inmovilización, los cuales deben realizarse en horarios estrictamente de oficina, una condición que limita el acceso de muchos ciudadanos a dichos procedimientos.
En respuesta a esta situación, fue radicado en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 119 de 2025, cuyo propósito es frenar cobros excesivos y establecer condiciones más equitativas para los conductores en Colombia. La iniciativa, liderada por el representante Wilmer Yesid Guerrero y respaldada por un grupo de congresistas, propone una reforma al Código Nacional de Tránsito para garantizar mayor eficiencia en los procesos relacionados con la inmovilización de vehículos, así como eliminar tarifas desproporcionadas.
¿Qué cambios habrá para conductores con grúas y patios?
Uno de los ajustes más relevantes en la propuesta legislativa tiene que ver con el cobro por el uso de grúas, especialmente cuando se transportan motocicletas. En la actualidad, cuando varias motos son trasladadas en un mismo vehículo, se cobra de manera individual por cada una. La nueva iniciativa busca que este valor se divida proporcionalmente entre los propietarios, generando así una tarifa más justa.
Asimismo, en los casos donde un vehículo haya sido inmovilizado mediante el uso de cepos en zonas de parqueo autorizado, el proyecto plantea que el conductor solo deba pagar por las horas de estacionamiento, sin recargos adicionales por el retiro del inmovilizador.
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Otro de los puntos destacados establece que las autoridades deberán habilitar la posibilidad de retirar vehículos de los patios todos los días de la semana. En caso de que no se preste atención al público durante los fines de semana, los días en que no haya servicio no podrán ser cobrados como tiempo de parqueo.
La propuesta también incluye condiciones para mejorar la infraestructura de los patios de inmovilización, exigiendo que estén pavimentados y cuenten con cubiertas que protejan los vehículos de las condiciones climáticas, con el fin de evitar mayores deterioros mientras permanecen en custodia.
Además, se contempla que, si un ciudadano impugna un comparendo y la resolución resulta favorable a su favor, el dinero pagado por concepto de grúa y parqueadero sea devuelto de manera automática, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite administrativo.
“Esta no es solo una ley, es una causa. Cada motociclista que trabaja en la calle, cada conductor que mueve esta ciudad merece respeto y un trato justo. No más abuso, no más atropellos. Hoy le seguimos diciendo al país que la movilidad no puede ser un negocio a costa del ciudadano”, afirmó Julián Forero, concejal de Bogotá y uno de los impulsores de la propuesta.
El cabildante también resaltó que el proyecto busca garantizar una movilidad justa, proteger los derechos de los conductores y brindar condiciones adecuadas para que los motociclistas puedan ejercer su labor sin ser perseguidos ni vulnerados por un sistema que, en su opinión, debería estar al servicio del ciudadano y no convertirse en un mecanismo sancionatorio desproporcionado.
