El caso que hoy tiene a Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM y actual presidente de ISA, en el radar disciplinario de la Personería de Medellín, comenzó con una denuncia interna del actual gerente de la entidad, John Maya Salazar.
En abril de 2024, al recibir el cargo, el ejecutivo advirtió que su antecesor no había entregado un informe completo de gestión y que uno de los puntos más críticos estaba en el proceso contractual CRW251772, destinado a contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada del Grupo EPM por más de $73.744 millones.
Valora Analitik tuvo acceso al pliego de cargos que el ente de control le abrió al actual presidente de ISA, en el cual las sospechas apuntan a presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato y al manejo de los requisitos que debía cumplir la empresa oferente “Su Oportuno Servicio Ltda. (S.O.S.)”.
La investigación preliminar determinó que esta firma no presentó a tiempo el certificado del seguro de vida colectivo, un requisito obligatorio del pliego de condiciones.
Sin embargo, lejos de descalificarla, Andrés Felipe Mesa, entonces vicepresidente de riesgos de EPM, gestionó directamente ante la aseguradora MetLife el documento faltante, lo que la Personería calificó como una actuación contraria a la ley de contratación estatal.
El documento de la Personería señala que Uribe Mesa, sin competencia directa sobre el proceso, intervino en etapas claves. Por ejemplo, el primero de agosto de 2023, solicitó por correo modificar el análisis técnico para volver a incluir a la empresa S.O.S., que ya había sido eliminada por no cumplir los requisitos.
Esa modificación alteró el orden de elegibilidad y permitió que el nuevo informe técnico, elaborado bajo esa instrucción, terminara posicionando a S.O.S. en el primer lugar de elegibilidad.
Carrillo, como superior jerárquico y presidente del Comité de Contratación, conocía esas actuaciones y no las impidió, por lo cual el ente de control señala que su “anuencia y firma final” fueron determinantes para legitimar la contratación
Advertencias ignoradas y correos reveladores, el nuevo caso polémico de Jorge Carrillo
El expediente también contiene una línea de tiempo que da cuenta la secuencia de decisiones y advertencias que fueron ignoradas. Es el caso del entonces director de Seguridad de EPM, Daniel Moreno Peláez, quien se apartó del proceso en junio de 2023, denunciando que se estaban vulnerando los principios de transparencia e igualdad.
“No comparto los criterios jurídicos y de validación que se han venido utilizando por vía de interpretación, pues constituyen un riesgo jurídico grave”, escribió en su comunicación interna.
A pesar de lo anterior, Jorge Carrillo, como gerente general y cabeza del proceso contractual, avaló con su firma el acta final de recomendación y aceptación de ofertas, dando vía libre a la adjudicación pese a las advertencias formales de sus subalternos.
El pliego de cargos señala igualmente que el hoy presidente de ISA “se interesó indebidamente y aceptó la oferta”, configurando una falta gravísima cometida con dolo. Las pruebas que deberá controvertir incluyen correos institucionales, testimonios de funcionarios, actas de comité de contratación y documentos de subsanación gestionados por EPM ante terceros.
Entre las evidencias figuran las comunicaciones del director de Seguridad alertando sobre las irregularidades, los mensajes del vicepresidente de riesgos instruyendo ajustes al informe técnico y la constancia de que la aseguradora expidió el documento faltante a solicitud directa de EPM y no del oferente.
Así las cosas, la Personería de Medellín considera que Jorge Andrés Carrillo Cardoso incurrió en una actuación dolosa al permitir —y no corregir— un procedimiento contractual con trato preferente, manipulación técnica del análisis de ofertas y omisión de requisitos legales.
Su conducta, según el informe, habría vulnerado la moralidad pública y el principio de igualdad en la contratación estatal.
